(El Economista, 26-03-2024) | Laboral
En un escenario que promete cambios significativos en el ámbito laboral, se estima que más de un millón de empleados del sector público en España, aproximadamente 1.050.000, se jubilarán en la próxima década. Este pronóstico, basado en los datos de trabajadores asalariados del sector público de 2023 publicados por el Instituto Nacional de Estadística, plantea un desafío sin precedentes para las instituciones gubernamentales, que se ven obligadas a adaptarse a una nueva realidad laboral marcada por la renovación generacional, una cuestión que Europa también está observando de cerca.
Por áreas, las Comunidades Autónomas (CCAA) destacan como el epicentro del desafío para la transformación, ya que concentran el 59% del total de trabajadores públicos mayores de 55 años, lo que equivale a unos 622.000 trabajadores. Les siguen los organismos locales y municipales, con alrededor de 215.000 trabajadores que se jubilarán en los próximos 10 años. Además, la Administración Central y la Seguridad Social suman aproximadamente 160.000 trabajadores en esta situación. El resto de las administraciones albergan a los 52.000 trabajadores restantes.
Asimismo, este panorama laboral también muestra una mayor presencia de mujeres, que representan el 42,7% de la fuerza laboral del sector público. Los grupos de edad más cercanos a la jubilación (de 65 a 69 años y de 70 en adelante) son los que tienen menos presencia, con menos de 60.000 trabajadores en total. Por otro lado, las franjas de edad de 55 a 59 años y de 60 a 64 años concentran a 567.900 y 422.200 trabajadores, respectivamente. En comparación con el año anterior, se observa un aumento de 32.000 personas en esta situación.
Desde la crisis financiera, la plantilla del sector público ha experimentado una disminución del 10% en sus miembros y enfrenta un desafío demográfico particular. Según las proyecciones a ocho años, se anticipa una "pérdida masiva de efectivos", como señaló la cartera de Función Pública en 2022. El ministro Escrivá estima que cerca del 60% de la plantilla de la Administración Central se jubilará para 2032, lo que equivale a unos 100.000 funcionarios de carrera y personal laboral fijo. "Nos enfrentamos a un desafío extraordinario en términos de relevo generacional", afirmó.
"Nuestro país está envejecido, especialmente en la Administración Pública", explicó el ministro Escrivá en el Senado la semana pasada. Por ello, el titular de la cartera de Función Pública se compromete a reformar la Administración e invertir en "capital humano".
El mercado laboral español enfrenta un déficit de inversión en capital humano, tanto en el sector privado como en el público, según Escrivá. A pesar de las ofertas récord de empleo público, la Administración ha experimentado una reducción del 10% en su plantilla desde antes de la crisis de 2008. El desafío es aún mayor debido a la evolución demográfica, que requiere que el personal atienda a un número creciente de personas (2 millones más) y la emergencia de nuevos servicios y prestaciones.
Hasta 2021, el saldo entre las bajas y las altas en la plantilla fue positivo. Sin embargo, las jubilaciones masivas eran previsibles debido a la edad promedio de la plantilla, como muestra el estudio anual de envejecimiento del ministerio. El 64% de la Administración tiene 50 años o más, más del doble que el total de asalariados (30%). La edad media del personal laboral ronda los 52 años, mientras que el personal fijo tiene una media de 54,5 años.
Una de las medidas que Escrivá está considerando para equiparar los beneficios entre asalariados y funcionarios es la introducción de la jubilación flexible, para lo cual prepara incentivos que serán negociados con los agentes sociales. El ministro Escrivá planea expandir el catálogo de tipos de retiro disponibles en la Seguridad Social, mejorando las condiciones de jubilación anticipada, parcial, activa y demorada. "Es importante que en cada uno de estos ámbitos de jubilación existan los incentivos adecuados", explicó el responsable de Función Pública.