(El Economista, 07-03-2024) | Laboral
Cuatro años después del inicio de la pandemia, más de 70.000 profesionales de asesorías y gestorías continúan enfrentándose a una pesadilla burocrática marcada por cambios regulatorios constantes, rectificaciones, errores informáticos y notificaciones repentinas que interrumpen su derecho a la desconexión digital, así como la posibilidad de disfrutar de fines de semana y vacaciones. Estos profesionales denuncian que la causa principal es la deficiente gestión de la administración electrónica española, que ha delegado en ellos una gran cantidad de tareas que sus propios funcionarios no pueden asumir.
La administración considera a estos profesionales como "colaboradores" externos que gestionan la información de sus clientes en su nombre, una práctica común en un país como España, donde muchas pequeñas empresas externalizan estos trámites en gestores externos, principalmente graduados sociales.
Este colectivo de asesores está formado por graduados sociales, abogados, economistas, contables y gestores administrativos que ayudan a las empresas con una amplia gama de trámites ante las administraciones, desde la elaboración de nóminas hasta el pago de impuestos y cotizaciones. La mayoría de estos profesionales también son trabajadores autónomos que prestan servicios a pequeñas empresas y autónomos, y afirman que la situación les ha generado una carga de trabajo inasumible y no remunerada.
Estos profesionales no se sienten respaldados por patronales, sindicatos ni colegios profesionales, lo que los ha llevado a organizarse por su cuenta, utilizando redes sociales y plataformas como WhatsApp. Aunque la huelga es la última opción por ahora, después de cuatro años de falta de respuesta, planean enviar sus demandas al Gobierno, las empresas y los interlocutores sociales el próximo 14 de marzo, aniversario de la declaración del Estado de Alarma. Según diversas fuentes del colectivo, decidirán los próximos pasos en función de la respuesta que reciban, y no descartan convocar una huelga en el futuro.
Los primeros en alzar la voz fueron los 25.000 graduados sociales que trabajan en gestiones laborales, quienes denunciaron su situación hace más de un año. En ese momento, culparon al entonces ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, del caos en los trámites dependientes de su organismo, calificando la situación de "esclavitud digital".
Casi un año después, Escrivá es el ministro para la Transición Digital y la Función Pública, y es el máximo responsable de la digitalización de la administración española, lo que lo vuelve a colocar en el centro de un malestar que se ha extendido a todos los profesionales que colaboran con organismos como la Seguridad Social, la Agencia Tributaria o el Servicio Público de Empleo Estatal. Los asesores califican la digitalización de estos organismos como una "chapuza".
Este desastre no es culpa del actual Gobierno, sino que es el resultado de un proceso de modernización de las administraciones que no ha logrado flexibilizar unos trámites que siguen siendo obstaculizados por una burocracia considerada obsoleta para el siglo XXI. Sin embargo, la situación empeoró con la pandemia en marzo de 2020, cuando el Gobierno aprobó una serie de medidas sin precedentes para ayudar a las empresas y preservar el empleo.
Estas medidas generaron una avalancha de trámites y gestiones que sobrepasaron las capacidades de organismos como los servicios públicos de empleo o las oficinas de la Seguridad Social. El hecho de que estos trámites se tuvieran que realizar de forma no presencial complicó aún más la situación para las empresas, que se encontraron con formularios prácticamente "incomprensibles" y problemas informáticos.
Aunque la pandemia y las medidas extraordinarias empezaron a remitir, la carga de trabajo de estos profesionales se ha mantenido. Las medidas tributarias y laborales aprobadas a partir de 2021 han situado a estos asesores en una situación en la que sienten que "trabajan más para las administraciones que para sus propios clientes".