(El País, 05-01-2026) | Laboral
Casi dos millones de personas ya han empezado a cotizar a la Seguridad Social durante sus periodos de prácticas formativas, aunque no perciban salario. De ellos, más de un millón son mujeres, frente a 790.000 hombres. En conjunto, el total de becarios no remunerados que se han beneficiado de esta medida asciende a 1,81 millones desde que entró en vigor hace dos años. Así lo reflejan los datos facilitados a EL PAÍS por la Seguridad Social, correspondientes al periodo comprendido entre el 1 de enero de 2024, fecha desde la que los becarios no remunerados empezaron a cotizar, y el 9 de diciembre de 2025. Estos periodos computan tanto para la futura jubilación de estudiantes universitarios como de Formación Profesional.
Esta mejora se incluyó en la primera fase de la reforma de pensiones y contó con el respaldo de sindicatos y patronal. Hasta 2011, solo los becarios con compensación económica cotizaban, medida que fue aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, mientras que quienes realizaban prácticas sin remuneración no generaban derechos.
Eva Alcón, presidenta de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) y rectora de la Universitat Jaume I de Castellón, señala que estos datos "demuestran la magnitud real de las prácticas no remuneradas en España y la relevancia de la medida de 2024 para garantizar la cotización a la Seguridad Social del estudiantado en prácticas".
La responsable universitaria destaca que la inclusión de los becarios no remunerados en el sistema de cotización supone "un avance significativo en términos de derechos y protección social, especialmente en una etapa clave de formación académica y transición al mercado laboral". El Consejo de la Juventud también valora positivamente la medida, considerándola una corrección de una anomalía histórica, ya que estas actividades con horarios, responsabilidades y supervisión organizativa antes no generaban derechos futuros. Además, subraya que las prácticas formativas aportan valor tanto al estudiante como a la sociedad.
Los sindicatos comparten esta visión. Belén Guirao, secretaria general de RUGE, asociación juvenil de UGT, afirma que superar los 1,8 millones de altas desde enero de 2024 evidencia que la inclusión de los becarios en la Seguridad Social no solo era justa, sino necesaria para mejorar la inserción laboral de los jóvenes. Añade que establecer derechos y obligaciones para ambas partes proporciona "mayor seguridad jurídica al tejido productivo".
Pau García, secretaria de Juventud de CC OO, resalta la proporción de mujeres que ya han cotizado, un 56% del total (1,02 millones frente a 790.000 hombres), considerando que esto sirve como herramienta de igualdad en el acceso al mercado laboral. Eva Alcón coincide, indicando que el hecho de que más de la mitad de los beneficiarios sean mujeres refleja la importancia de estas políticas para reducir desigualdades estructurales.
La proporción de becarias coincide con la distribución por sexo en la educación superior y la Formación Profesional: en la universidad, las mujeres representan el 56,8% (1,04 millones de 1,83 millones) y en FP el 46,3% (527.000 de 1,14 millones). En conjunto, suponen el 53% del total y el 56% de los becarios universitarios y de FP no remunerados que ya cotizan.
El Consejo de la Juventud señala que este 56% evidencia una feminización de las formas más precarias de acceso al mercado laboral y refleja desigualdades estructurales en los itinerarios de inserción. Desde UGT alertan sobre la posibilidad de que, con la misma formación, los hombres accedan antes a contratos laborales mientras las mujeres permanecen más tiempo encadenando becas. Guirao apunta que la cotización ayuda a reducir la brecha en futuras pensiones y prestaciones desde el inicio de la relación con la empresa.
El coste de esta cotización es mínimo para las entidades que acogen a los estudiantes, ya que está bonificada al 95% por la Seguridad Social. En el caso de las prácticas de FP, el Ministerio de Educación cubre el 5% restante; en las universitarias, aunque inicialmente debía asumirlo la empresa, en la práctica casi siempre lo cubren las universidades, como denuncian estas instituciones. El gasto máximo es de unos 10 euros por estudiante al mes, por lo que la queja se centra más en la carga administrativa que en el coste económico.
Eva Alcón subraya que el sistema universitario "necesita certidumbre y recursos adecuados para garantizar prácticas de calidad", lo que requiere coordinación entre administraciones, universidades y entidades colaboradoras, así como financiación suficiente para no trasladar cargas desproporcionadas a las universidades. Los datos recientes muestran que en el último año (del 13 de diciembre de 2024 al 9 de diciembre de 2025) se registraron 885.562 nuevas altas de becarios no remunerados, frente a las 925.266 altas registradas entre el 1 de enero de 2024 y el 12 de diciembre de 2024.