(Expansión, 03-07-2026) | Laboral
El proceso extraordinario de regularización de extranjeros en España ha superado ampliamente las previsiones iniciales del Gobierno. Según el primer balance oficial del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, entre el 16 de abril y el 30 de junio se registraron 1.174.978 solicitudes, una cifra que más que duplica la estimación inicial de unas 500.000 personas potencialmente beneficiarias.
De todas las solicitudes recibidas, el 52% ya ha sido admitido a trámite, lo que supone que alrededor de 608.000 personas cuentan ya con una autorización provisional de residencia y trabajo en España. Este permiso preliminar les permite incorporarse al mercado laboral mientras continúa la tramitación administrativa de sus expedientes. Por comunidades autónomas, Cataluña lidera el número de solicitudes con más de 253.000 expedientes, seguida de Comunidad de Madrid con 202.000, Comunidad Valenciana con 167.000 y Andalucía con 161.000.
En cuanto al origen de los solicitantes, el 67% procede de América Central y América del Sur. Colombia concentra el mayor volumen, con el 26% del total de solicitudes. Le siguen Marruecos con un 13,4%, Venezuela con un 11,7% y Perú con un 8,8%. También destacan Honduras, Paraguay y Argelia entre las nacionalidades con mayor representación. La ministra Elma Saiz ha valorado positivamente estos primeros resultados, calificando el proceso como un éxito y como un hito relevante dentro de la política migratoria española.
Para acogerse a esta regularización, los solicitantes debían acreditar tres requisitos principales: haber entrado y permanecido de forma continuada en España antes del 1 de enero de 2026, carecer de antecedentes penales tanto en España como en su país de origen y, en el caso de quienes hubieran solicitado asilo, renunciar al procedimiento de protección internacional una vez concedida la autorización de residencia.
El impacto del proceso ya se refleja en el mercado laboral. Actualmente, 159.097 personas con autorización provisional figuran dadas de alta en la Seguridad Social. El sector con mayor absorción de trabajadores regularizados es la hostelería, con 38.776 afiliados, equivalente al 24,4% del total. Le siguen el comercio, las actividades administrativas y auxiliares, y la construcción.
Otros sectores con una presencia significativa de estos trabajadores son la agricultura, el transporte y la industria manufacturera. También aparecen, aunque con menor peso, los servicios sanitarios, los servicios sociales y el empleo doméstico, lo que muestra una integración laboral especialmente intensa en actividades con alta demanda de mano de obra.
Sin embargo, el cierre del proceso ha coincidido con un frente judicial abierto en el Tribunal Supremo, que ha planteado dudas sobre la compatibilidad de esta regularización con el derecho de la Unión Europea. El Gobierno deberá presentar alegaciones tras los recursos interpuestos por los gobiernos autonómicos de Aragón y Comunidad Valenciana.
Uno de los principales puntos de controversia afecta a la concesión de residencia temporal por arraigo a personas que solicitaron asilo antes del 1 de enero de 2026, incluso cuando su petición fue denegada o existían procedimientos de devolución en marcha. El Supremo cuestiona si esta medida entra en conflicto con la normativa europea de protección internacional, que diferencia entre el derecho de permanencia provisional durante la tramitación del asilo y la concesión formal de un permiso de residencia.
La segunda objeción se centra en la regularización de inmigrantes en situación irregular presentes en España antes de la fecha límite, lo que conlleva el archivo automático de expedientes de expulsión. El Alto Tribunal analiza si esta disposición puede chocar con la Directiva de Retorno de la Unión Europea de 2008, al considerar que podría suponer una suspensión generalizada de órdenes de retorno sin la evaluación individual que exige la legislación comunitaria.
En consecuencia, aunque el proceso de regularización ha tenido una acogida masiva y ya está generando efectos visibles en el empleo y la afiliación, su consolidación definitiva dependerá también del examen jurídico que realicen los tribunales y de su encaje dentro del marco normativo europeo.