(Expansión, 21-03-2024) | Fiscal
Tanto el Banco de España como los empresarios han estado advirtiendo durante algún tiempo que la incertidumbre es altamente perjudicial para la inversión. Para que esta fluya, se necesitan condiciones de estabilidad, confianza y seguridad jurídica. En el caso de España, esta falta de certeza se ve alimentada, por un lado, por las tensiones geopolíticas a nivel internacional, que han frenado muchas decisiones de inversión, y por otro lado, por la fuerte inestabilidad política interna que atraviesa el país, algo sin precedentes en más de cuatro décadas de democracia, lo que ha disuadido la llegada de inversión extranjera.
Esto queda reflejado en las cifras publicadas recientemente por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, que muestran un desplome del 18,5% en la inversión extranjera directa en España durante 2023, descendiendo a 28.215 millones, la cifra más baja desde 2020, cuando el estallido de la pandemia de Covid redujo la llegada de inversión extranjera a 27.192 millones.
A pesar de que el Ministerio apresuradamente resaltó que estas cifras de inversión, centradas principalmente en servicios e industria, están en línea con el promedio de los últimos cinco años, atribuyendo la caída principalmente a "un contexto internacional marcado por una gran incertidumbre", lo cierto es que este factor externo ya estaba presente en 2022 (año en que estalló la guerra en Ucrania y la inflación alcanzó su punto máximo, con un IPC del 10,8%), y sin embargo, la inversión extranjera aumentó hasta los 34.614 millones de euros.
En España, a los factores externos se suman los internos, destacando la intervención del Gobierno de Pedro Sánchez y, sobre todo, sus políticas fiscales que impactan en el tejido empresarial, como el aumento de impuestos a bancos y energéticas o la introducción de un impuesto específico a grandes fortunas, propuestas que el Ejecutivo quiere mantener permanentemente, lo que envía un mensaje negativo y peligroso para la inversión extranjera.
A esto se añade el incremento de las cotizaciones sociales para cubrir el creciente costo de las pensiones, lo que ha aumentado los costos laborales para las empresas. En este contexto de incertidumbre regulatoria y fiscal, la Comunidad de Madrid, aunque también ha experimentado un retroceso en la inversión extranjera, ha actuado como un amortiguador. Del total de inversión extranjera que llegó a España el año pasado, 15.323 millones eligieron a Madrid como destino, representando el 54,3% del total.
Aunque esto supone una disminución del 12,7% en comparación con 2022, es significativamente menor que el golpe del 18,5% sufrido por el conjunto de España. Además, esta cifra es más de tres veces mayor que la recibida por Cataluña, a pesar de ser la segunda economía regional del país, y aunque en su caso, la inversión extranjera aumentó de 3.937 millones en 2022 a 4.644 el año pasado.
Sin embargo, la gran disparidad entre ambas autonomías destaca que la situación política e institucional en Cataluña sigue afectando negativamente la confianza de los inversores, reflejada en la continua fuga de empresas de la región, que incluso ha persistido tras la ley de amnistía. Por otro lado, Madrid proyecta una imagen de estabilidad política e institucional, libertad empresarial, comercial y horaria, reducción gradual de la burocracia y unos impuestos razonables y decrecientes hacia el exterior.
A pesar del repunte de la inversión extranjera en Cataluña, la Comunidad Valenciana está pisándole los talones. Esta región, que en mayo pasado experimentó un cambio político con el regreso del PP al gobierno, atrajo 3.375 millones de inversión extranjera directa en 2023, un 63,6% más que en 2022. En cuarto lugar se encuentra el País Vasco, donde la inversión extranjera se desplomó un 71,8%, alcanzando apenas 1.556 millones frente a los 5.517 del año anterior.