(Expansión, 28-05-2026) | Fiscal
El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobará previsiblemente el próximo mes el proyecto de Ley de Defensa del Contribuyente, que posteriormente iniciará su tramitación parlamentaria en la Asamblea regional. La iniciativa pretende reforzar la seguridad jurídica, agilizar la relación de los ciudadanos con la Administración tributaria y facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales.
Desde hace años, la política económica madrileña se ha apoyado en una estrategia de baja fiscalidad, basada en la idea de que una presión impositiva reducida favorece la inversión, impulsa la actividad económica y contribuye a la creación de riqueza y empleo mediante el aumento de las bases tributarias. Sin embargo, ese modelo, limitado a los impuestos cedidos a las comunidades autónomas, convive con un sistema fiscal estatal que, según denuncian empresarios y contribuyentes, genera una elevada conflictividad y sitúa al ciudadano en una posición de desventaja frente a la Agencia Tributaria.
En este contexto, el Ejecutivo regional avanza en la aprobación de una ley que busca proteger a los contribuyentes madrileños, mejorar la relación con la Administración y evitar situaciones que, a juicio del Gobierno autonómico, puedan derivar en actuaciones desproporcionadas por parte de Hacienda. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ya defendió en su momento la necesidad de contar con una normativa capaz de blindar a los ciudadanos frente a posibles excesos administrativos.
El proyecto, anunciado inicialmente en mayo de 2023, antes de las elecciones autonómicas que otorgaron a Ayuso la mayoría absoluta, afronta ahora su fase definitiva. Tras superar el periodo de información pública celebrado entre febrero y marzo, el Ejecutivo prevé aprobar el texto en junio y remitirlo a la Asamblea de Madrid con la intención de que entre en vigor antes de que termine el año.
La futura ley pretende fomentar una relación más equilibrada entre la Administración tributaria autonómica y los ciudadanos. Entre otras cuestiones, facilitará la corrección de errores cuando no exista mala fe por parte del contribuyente y promoverá un enfoque más orientado al cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales.
Uno de los aspectos más novedosos de la norma será la incorporación de mecanismos de cortesía institucional. Entre ellos figura la obligación de que la Administración tributaria madrileña emita disculpas formales cuando una sentencia firme determine que se han vulnerado derechos del contribuyente. Además, también se reconocerá expresamente la colaboración de aquellos ciudadanos que participen en inspecciones que concluyan sin sanción.
La consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, explica que estas medidas buscan reconocer los perjuicios personales y profesionales que pueden ocasionar determinados errores administrativos, especialmente cuando los afectados deben invertir tiempo y recursos en demostrar que la Administración se ha equivocado.
La regulación, que únicamente afectará a los tributos cedidos a la Comunidad, persigue que los derechos de los contribuyentes tengan una aplicación efectiva en la práctica. Para ello, el Ejecutivo autonómico plantea un modelo de atención más personalizado, confidencial y gratuito.
La norma también contempla la creación de una Oficina de Defensa del Contribuyente, que sustituirá y reforzará la figura existente hasta ahora. Este nuevo organismo tendrá como misión agilizar la gestión de quejas y reclamaciones relacionadas con retrasos, incidencias telemáticas o problemas en la atención administrativa. Asimismo, se habilitará una carpeta tributaria individualizada que permitirá a cada contribuyente consultar toda su información fiscal y seguir en tiempo real el estado de sus trámites.
Con esta iniciativa, la Comunidad de Madrid quiere trasladar un mayor reconocimiento al papel de los contribuyentes en el sostenimiento de los servicios públicos. Rocío Albert sostiene que la Administración debe facilitar al máximo la relación con los ciudadanos y minimizar errores que puedan acabar derivando en reclamaciones, litigios o situaciones de tensión innecesarias.