(El Economista, 14-05-2025) | Laboral
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha reiterado que no ha abandonado su intención de reformar el despido para hacerlo más costoso. Aunque este compromiso figura en el acuerdo de legislatura con Pedro Sánchez, los intentos realizados hasta ahora para avanzar en esa dirección no han dado frutos. Díaz se ha marcado como horizonte el año 2026, coincidiendo con la culminación del proceso parlamentario para reducir la jornada laboral. Sin embargo, esto no significa que vaya a posponer el debate hasta entonces. De hecho, la Comisión de Evaluación de la Reforma Laboral, recientemente constituida, se presenta como el primer escenario donde se librará esta batalla clave del tramo final de la legislatura en materia laboral.
La comisión analizará los datos de empleo temporal e indefinido de enero de 2025. Si se concluye que no se está logrando una reducción significativa de la temporalidad, Díaz ha advertido que se adoptarán nuevas medidas para reforzar ese objetivo. Ahora bien, queda por determinar a qué tipo de temporalidad se referirá el análisis: si al peso de los contratos temporales sobre el total o a la rotación laboral, incluyendo despidos durante el periodo de prueba y la inestabilidad de los contratos fijos discontinuos.
Aunque la reforma laboral actual ha conseguido disminuir notablemente la proporción de contratos temporales, España sigue padeciendo altas tasas de desempleo y rotación laboral, muy superiores a las del resto de la Unión Europea. Esto ocurre a pesar de que el empleo indefinido ha ganado terreno, pero el problema de fondo -un modelo productivo dependiente de actividades estacionales y eventuales- persiste.
A día de hoy, seis de cada diez contratos siguen siendo temporales, y la mayoría de las bajas en la afiliación se deben a la finalización de estos contratos. Además, los despidos entre empleados con contrato indefinido han crecido de forma notable, con un aumento superior al 100%. La mayoría se tramita como despido disciplinario, lo que desencadena una impugnación judicial que suele terminar con una sentencia de improcedencia y la correspondiente indemnización de 33 días por año trabajado. Muchas empresas recurren a esta vía como alternativa a la contratación temporal, ya que el coste de indemnización es bajo debido a la escasa antigüedad de los trabajadores. Esta situación es la que Díaz pretende cambiar endureciendo las condiciones del despido.
Cabe recordar que la reforma laboral de 2021 no modificó el abaratamiento de los despidos impuesto en 2012 por el Gobierno del PP. Los sindicatos y la propia ministra aceptaron en su momento no tocar ese aspecto para lograr un consenso más amplio, y también por evitar conflictos con Bruselas. Sin embargo, pocos meses después, CCOO y UGT llevaron el asunto ante el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS), alegando que el límite general a la indemnización por despido improcedente vulnera la Carta Social Europea y los convenios de la OIT, que exigen una compensación proporcional al perjuicio sufrido, es decir, que sea reparadora y disuasoria.
Esta postura defiende que, si la empresa no puede prever con exactitud el coste de un despido improcedente, se lo pensará mejor antes de recurrir a él. Aunque esta tesis fue respaldada por Díaz y no implicaba derogar la reforma de 2012, no contó con el apoyo ni de la patronal ni del PSOE. No obstante, tras las elecciones de 2023 y la entrada de Sumar en el Ejecutivo, Pedro Sánchez aceptó incluir en el pacto de gobierno una cláusula ambigua sobre "garantizar la protección frente al despido", cumpliendo así con la Carta Social Europea y reforzando la justificación necesaria para extinguir un contrato. Esto se interpreta como una puerta abierta a endurecer las condiciones del despido sin concretar cómo se hará.
A medida que avanza la legislatura, el CEDS ha respaldado las reclamaciones sindicales, algo previsible por precedentes similares en Francia, Italia y Finlandia. Sin embargo, estos países no han modificado su legislación, ya que las decisiones del CEDS no tienen carácter vinculante. En España, además, el Tribunal Supremo ha limitado recientemente a los jueces que venían concediendo indemnizaciones superiores a los 33 días al amparo de la Carta Social Europea, dejando claro que no pueden superar el marco legal vigente.
Este pronunciamiento judicial es una señal para Díaz: si se quiere cambiar el marco del despido, debe modificarse la ley. No será sencillo. No cuenta con el respaldo de la patronal y, además, el Gobierno ya está embarcado en otra compleja negociación: la reducción de la jornada laboral de 40 a 37,5 horas semanales. Aun así, el reloj corre. Sumar no quiere cerrar la legislatura sin haber cumplido una de sus promesas estrella, y los sindicatos tampoco están dispuestos a que su ofensiva en defensa de un despido más justo quede en el olvido. La Comisión de Evaluación será clave en este proceso.