(Expansión, 19-11-2026) | Laboral

El Gobierno ha incorporado una modificación de la Ley de Contratos del Sector Público que permitirá resolver contratos y concesiones públicas cuando las empresas adjudicatarias incumplan sus obligaciones en materia de igualdad retributiva y transparencia salarial entre mujeres y hombres.

La reforma forma parte del Real Decreto-ley aprobado el pasado martes por el Consejo de Ministros para transponer dos directivas europeas en el ámbito laboral. Publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la nueva regulación entrará en vigor este jueves. La modificación no fue mencionada por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, durante su comparecencia posterior a la reunión del Ejecutivo, por lo que su inclusión en la norma sorprendió al ámbito empresarial.

El cambio afecta al artículo 211 de la Ley de Contratos del Sector Público y establece que los órganos de contratación deberán garantizar que las empresas contratistas y subcontratistas respeten, durante la ejecución de los contratos y concesiones, el principio de igualdad salarial entre mujeres y hombres por la realización del mismo trabajo o de funciones de igual valor. Esta obligación comprende también el cumplimiento de las exigencias de transparencia retributiva que resulten aplicables.

Además, los pliegos de cláusulas administrativas particulares deberán incorporar sanciones económicas proporcionales para los casos de incumplimiento. Cuando concurran las circunstancias previstas en la norma, podrá iniciarse de oficio el procedimiento para resolver el contrato o a solicitud de la representación legal de los trabajadores de la empresa adjudicataria. Antes de adoptar una decisión, será obligatorio dar audiencia a dicha representación.

La resolución contractual podrá plantearse cuando se produzca un incumplimiento grave de las obligaciones de igualdad retributiva y exista una resolución administrativa o judicial firme que haya acreditado discriminación salarial por razón de sexo entre los trabajadores que participan en la ejecución del contrato. También podrá aplicarse cuando la empresa incumpla de forma reiterada sus obligaciones de transparencia salarial, siempre que el órgano de contratación haya constatado previamente las irregularidades y requerido su subsanación sin que la compañía haya atendido el requerimiento dentro del plazo establecido.

El Real Decreto-ley incorpora asimismo nuevas obligaciones de información salarial para las empresas. Los trabajadores podrán solicitar información sobre su propia remuneración y sobre las retribuciones medias de las personas que desempeñen el mismo trabajo o uno de igual valor, con los datos desglosados por sexo. La información deberá detallar tanto el salario base como cada uno de los complementos salariales y extrasalariales percibidos. Las compañías estarán obligadas a responder por escrito a estas solicitudes en un plazo máximo de dos meses.

Las empresas también deberán comunicar anualmente a sus plantillas que tienen derecho a acceder a esta información. Esta posibilidad se extiende a quienes hayan dejado de trabajar en la compañía, siempre que soliciten los datos correspondientes al periodo durante el que estuvieron vinculados a ella y presenten la petición dentro del año siguiente a la finalización de la relación laboral.

Durante la presentación de la reforma, Yolanda Díaz destacó que uno de sus objetivos es acabar con el secreto salarial en las empresas y facilitar que los trabajadores puedan conocer las diferencias retributivas existentes dentro de sus organizaciones. La nueva regulación introduce además cambios en otras condiciones de trabajo. Entre ellos, establece que las empresas no podrán impedir ni limitar que sus empleados presten servicios para otras compañías, salvo que exista un pacto de plena dedicación acompañado de la correspondiente compensación económica.

También reconoce la posibilidad de que los trabajadores soliciten modalidades de empleo más estables cuando surjan oportunidades de promoción profesional dentro de la empresa. En cuanto al periodo de prueba, la norma fija una duración máxima de seis meses para los trabajadores con la condición de técnicos titulados y de dos meses para el resto de la plantilla. No obstante, en las empresas con menos de 25 trabajadores, el periodo de prueba para quienes no sean técnicos titulados no podrá superar los tres meses.

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