(El Economista, 01-12-2025) | Fiscal
Los sindicatos quieren cerrar de manera definitiva el debate sobre si el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) debe tributar o no. Tanto CCOO como UGT se han mostrado favorables a que este sueldo empiece a pagar IRPF a partir de 2026 y han planteado un aumento mensual de 89 euros, de los cuales aproximadamente dos tercios irían destinados a Hacienda.
La propuesta que trasladarán al Gobierno consiste en elevar el SMI actual de 1.184 euros brutos mensuales a 1.273 euros en 14 pagas. Según sus cálculos, los trabajadores pagarían como máximo 57 euros al mes en impuestos (798 euros al año), de modo que la mejora salarial real sería de 32 euros al mes (448 euros anuales).
Fuentes sindicales explican a elEconomista.es que estas previsiones se han hecho tomando como referencia el caso de un trabajador sin cargas familiares, que es quien soporta una mayor retención. Esto implica que quienes perciben el SMI y tienen otra situación familiar podrían ver incrementos netos superiores, ya que el objetivo es asegurar que el salario mínimo neto equivalga al 60% del salario medio neto.
En los últimos años, el Gobierno ha optado por que este colectivo no tribute por IRPF. Sin embargo, esta cuestión ha generado tensiones entre los ministerios de Hacienda y Trabajo, lo que ha llevado a firmar acuerdos con los sindicatos sin clarificar cómo debía tratarse el SMI en la declaración de la renta. Por ello, CCOO y UGT consideran necesario zanjar la polémica y establecer un sistema que permita que estos trabajadores contribuyan sin que su salario neto se vea reducido.
Desde 2023, el Ministerio dirigido por María Jesús Montero ha introducido distintos ajustes para adaptar el umbral libre de tributación al nivel del salario mínimo. En 2023 y 2024 se incrementó el mínimo exento para evitar que los trabajadores solteros sin hijos pagaran IRPF. En 2025, en un primer momento se negó a aplicar un ajuste similar y posteriormente creó una deducción de 340 euros para que quienes cobran el SMI recuperen las retenciones al hacer la declaración, mientras que quienes ganan hasta 18.276 euros acceden a una reducción gradual.
Según ha podido saber este periódico, los cálculos sindicales se basan en la hipótesis de que este esquema fiscal se mantenga. Consideran un mínimo exento de 15.876 euros (correspondiente al SMI de 2024) más una deducción aplicable hasta el salario mínimo vigente. Así, entienden que solo la parte del nuevo SMI que supere el umbral actual (16.576 euros) debería tributar, y señalan que ese coste debería asumirlo la empresa.
Los responsables de Acción Sindical de CCOO y UGT -Javier Pacheco y Fernando Luján- explicaron que tomaron como referencia el método de la comisión asesora del Ministerio de Trabajo, de la cual forman parte, para determinar qué cuantía corresponde al 60% del salario medio neto.
En el informe presentado a comienzos de 2025, representantes de Hacienda, Economía, Trabajo, expertos académicos y sindicatos utilizaron los datos de la Encuesta de Estructura Salarial (EES) de 2022 como base, extrapolando la evolución del salario medio mediante la Encuesta Trimestral de Coste Laboral (ETCL). A partir de ese análisis, CCOO y UGT concluyeron que el SMI debía incrementarse un 2,7% para mantener su proporción respecto al salario medio y 4,8 puntos adicionales para compensar el impacto del IRPF.
La vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, siempre ha defendido que los sueldos más bajos no deberían pagar este impuesto. No obstante, en septiembre pidió al grupo asesor que incluyera la tributación en sus cálculos, lo que sugiere que podría aceptar un cambio de criterio de cara a 2026. A la espera del resultado final, todo apunta a que las recomendaciones tendrán en cuenta el mantenimiento del actual marco fiscal y asumirán que Hacienda prolongará la deducción existente. Los expertos podrían presentar sus conclusiones en las próximas semanas, permitiendo que el Gobierno abra el diálogo con patronal y sindicatos antes de fin de año y apruebe la nueva cuantía del SMI en enero.