(El País, 14-09-2026) | Laboral
El repunte de la inflación, que mantiene los precios creciendo por encima del 3% desde la pasada primavera y que se ha intensificado especialmente durante julio y agosto, empieza a tener un impacto más visible sobre los salarios. Los incrementos pactados en los convenios colectivos todavía no han recogido plenamente esta aceleración de los precios, de modo que los cerca de nueve millones de trabajadores cuyos convenios ya están cerrados para 2026 han visto aumentar la pérdida de poder adquisitivo que venían acumulando desde marzo. En agosto, el IPC alcanzó el 4,3%, mientras que los salarios pactados en convenio aumentaron un 3,04%, según los últimos datos del Ministerio de Trabajo. Si se analiza la evolución media de enero a agosto, la diferencia es más reducida, aunque ya desfavorable para los trabajadores: los precios han aumentado de media un 3,1%, frente al 3% de los salarios pactados.
Esta situación se produce, además, sin que exista actualmente un marco común que sirva de referencia para las negociaciones salariales. El último Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) terminó su vigencia en diciembre de 2025 y las organizaciones empresariales y sindicales todavía no han iniciado conversaciones para renovarlo. La perspectiva tampoco apunta a una moderación rápida de la inflación. Las estimaciones disponibles sitúan el incremento medio de los precios para el conjunto de 2026 entre el 3,2% previsto por el panel de Funcas y el 3,6% calculado por el Banco de España.
La ausencia de un nuevo acuerdo estatal no ha frenado, sin embargo, la negociación de los convenios. Hasta agosto, unos dos millones de trabajadores habían firmado durante 2026 sus condiciones laborales, frente a los 1,86 millones que lo habían hecho durante el mismo periodo del año anterior. Si a estos se suman los asalariados cuyos convenios se negociaron en ejercicios anteriores pero mantienen efectos durante 2026, el número total de trabajadores con convenio vigente asciende a 8,8 millones, una cifra prácticamente equivalente a la registrada un año antes.
Los convenios firmados durante este año sí muestran, no obstante, una respuesta más intensa al escenario inflacionista. El aumento salarial medio acordado en estos convenios alcanza el 3,76%, frente al 2,91% correspondiente a los trabajadores cuyos convenios fueron pactados en ejercicios anteriores pero tienen efectos económicos durante 2026. Esto refleja que las nuevas negociaciones están incorporando progresivamente el encarecimiento de los precios, aunque todavía no compensan de forma generalizada el repunte registrado en los últimos meses.
Las diferencias entre actividades son importantes. Mientras la industria manufacturera, con 1,65 millones de trabajadores, registra un incremento medio del 2,97%, el comercio mayorista y minorista y la reparación de vehículos, que agrupan a casi 1,48 millones de empleados, pactan una subida del 2,72%. En construcción el aumento alcanza el 3,06%; en las actividades sanitarias y de servicios sociales, el 2,95%; en hostelería, el 3,46%; y en actividades administrativas y servicios auxiliares, el 3,28%. Educación registra un 3,08%, transporte y almacenamiento destaca con un 3,92%, las actividades profesionales, científicas y técnicas alcanzan el 2,87% y las telecomunicaciones, programación informática, consultoría e infraestructura informática se sitúan en el 2,79%.
El comportamiento, sin embargo, no es homogéneo y algunos colectivos han conseguido incrementos salariales muy superiores a la media. Entre ellos figuran casi 3.000 trabajadores de artes gráficas y reproducción, cuyos convenios contemplan una subida del 14%. También destacan los incrementos próximos al 7% en los convenios de asistencia en centros residenciales de cuidados y el 6% pactado para los empleados de fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos.
En este contexto cobra especial relevancia la propuesta salarial planteada por CC OO y UGT a comienzos de año. Los sindicatos reclamaron incrementos mínimos del 4% para 2026, 2027 y 2028, acompañados de mecanismos de garantía salarial que permitieran corregir una eventual desviación de la inflación. Su propuesta contempla que, si el IPC interanual de diciembre supera el incremento salarial pactado, se añada un 1,5% adicional con efectos desde el 1 de enero del ejercicio siguiente.
La preocupación sindical por proteger los salarios frente a una inflación más elevada también se ha traducido en un aumento de los trabajadores cubiertos por cláusulas de revisión o garantía salarial. A agosto, unos 3,5 millones de asalariados contaban con algún mecanismo de este tipo en sus convenios, aproximadamente cuatro de cada diez trabajadores con convenio cerrado y vigente durante 2026. No obstante, la protección no es idéntica en todos los casos. Para unos 2,3 millones, la compensación por una inflación superior a la subida pactada se produciría a partir del año siguiente, mientras que los 1,2 millones restantes contarían con una compensación retroactiva del desfase, con efectos desde el 1 de enero de 2026.