(El País, 13-10-2026) | Laboral
Los sindicatos CC OO y UGT han presentado ante la Seguridad Social una solicitud para que se analice la posibilidad de adelantar la edad de jubilación de las trabajadoras de ayuda a domicilio. La iniciativa, registrada este viernes, pone en marcha un procedimiento que estas profesionales reclaman desde hace tiempo debido al desgaste físico que implica su actividad. El proceso contempla estudiar los índices de incapacidad temporal y siniestralidad laboral para determinar si procede aplicar coeficientes reductores, un mecanismo que permite anticipar la jubilación al computar el tiempo trabajado de forma más favorable. Esta medida ya beneficia a colectivos como los mineros y los bomberos forestales. La patronal del sector, sin embargo, no respalda la petición sindical.
El servicio de ayuda a domicilio ocupa a unas 161.000 personas, en su inmensa mayoría mujeres, muchas de ellas migrantes y con salarios bajos. Aunque la actividad no presenta niveles de siniestralidad tan elevados como los del transporte o la construcción, registra índices importantes de incapacidad temporal. En la solicitud, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, los sindicatos describen unas condiciones laborales caracterizadas por el trabajo en solitario, la ausencia de apoyo, una elevada exigencia física y ritmos intensos, además de la necesidad de desplazarse entre distintos hogares. También advierten de que algunas trabajadoras desempeñan sus funciones en entornos insalubres, tóxicos o peligrosos para su salud.
La iniciativa se dirige exclusivamente a las trabajadoras que prestan asistencia en domicilios particulares, aunque las centrales sindicales también estudian extenderla a las profesionales de residencias. Esta segunda posibilidad está menos desarrollada porque el procedimiento establece que los coeficientes reductores solo pueden concederse cuando la penosidad del trabajo no puede eliminarse mediante medidas preventivas. Su aplicación resulta más complicada en viviendas particulares que en centros residenciales.
CC OO y UGT argumentan que la prevención en los hogares depende, en gran medida, de la autorización de los propietarios de los inmuebles, al tratarse de domicilios privados. Por ello, sostienen que estas profesionales deben asumir con su propio cuerpo y sin ayuda tareas que requieren un importante esfuerzo físico. Asimismo, señalan que la inviolabilidad del domicilio limita la capacidad de la Inspección de Trabajo para acceder a las viviendas y comprobar directamente las condiciones en las que se desarrolla la actividad.
Los sindicatos también denuncian que estas dificultades de supervisión pueden dejar sin respuesta numerosas quejas relacionadas con la exposición a riesgos biológicos, productos tóxicos, cargas físicas excesivas y espacios insalubres, con consecuencias para la salud física y mental de las trabajadoras. A estos problemas añaden los riesgos psicosociales, como el acoso sexual o laboral, la discriminación y los tratos vejatorios por parte de algunos usuarios del servicio o de sus familiares, especialmente en situaciones en las que existen trastornos cognitivos, problemas de personalidad o enfermedades psiquiátricas.
La falta de apoyo empresarial constituye otro obstáculo para que la solicitud avance. Los sindicatos aseguran que han intentado alcanzar un acuerdo con la patronal, sin éxito. La Asociación Estatal de Entidades de Servicios de Atención a Domicilio manifiesta su compromiso con la mejora de las condiciones laborales, pero considera que la posible aplicación de coeficientes reductores debe sustentarse en un análisis técnico riguroso que, a su juicio, todavía no se ha realizado de forma conjunta.
La Seguridad Social prefiere que este tipo de expedientes cuenten con el respaldo tanto de los representantes de los trabajadores como de las organizaciones empresariales. Así ocurre con las solicitudes para anticipar la jubilación en el transporte de mercancías y de viajeros, que se encuentran en fases avanzadas de tramitación. En el primer caso, está prevista la reunión de la comisión de expertos encargada de evaluar el expediente, una vez completados los informes necesarios, mientras que el segundo continúa pendiente de algunos documentos.
En ambos sectores, los sindicatos lograron el apoyo de las empresas después de vincular el acuerdo a la desactivación de posibles huelgas. Pese a que el procedimiento cuenta con el respaldo de CEOE y Cepyme en su diseño, las organizaciones empresariales suelen mostrar reticencias porque la aplicación de estos coeficientes implica un aumento de las cotizaciones para compensar el adelanto de la jubilación. La patronal de ayuda a domicilio insiste en que este incremento supondría una carga adicional para un sector que ya atraviesa dificultades financieras.
La oposición empresarial también ha frenado el avance de la solicitud correspondiente a la construcción, registrada hace más de un año. El expediente sigue pendiente de información adicional que deben aportar miles de empresas sobre las tareas realizadas por sus empleados, con el objetivo de que la Seguridad Social pueda evaluar los riesgos de cada puesto y diferenciar las actividades según su grado de peligrosidad. El plazo para presentar esos datos se extiende hasta febrero, tras lo cual todavía quedarán trámites por completar.
Además de las trabajadoras de ayuda a domicilio, los sindicatos están preparando una solicitud conjunta para las camareras de piso de los hoteles, conocidas como las kellys. En el caso de las tripulantes de cabina, las centrales confían en conseguir la jubilación anticipada mediante una vía distinta al procedimiento general de la Seguridad Social. Hace dos semanas, el Congreso aprobó una proposición no de ley de Sumar para reclamar que estas profesionales puedan acceder a este derecho mediante su incorporación al decreto que ya contempla el adelanto de la jubilación de los pilotos. El PSOE apoyó la iniciativa.