(El Economista, 15-03-2024) | Laboral
Los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, han presentado ante el Gobierno una solicitud para que se cumpla en su totalidad el Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI, que contempla la posibilidad de jubilación parcial del personal funcionario y estatutario, así como la reducción de la jornada laboral semanal a 35 horas.
"UGT y CCOO han enviado una carta al ministro Escrivá solicitando la convocatoria de la comisión de seguimiento del Acuerdo Marco para poder confirmar los compromisos adquiridos con los empleados públicos", explican en un comunicado conjunto ambas organizaciones sindicales. El Gobierno ya ha asegurado a los sindicatos la aprobación de la subida salarial del 2% comprometida mediante una enmienda, presentada por PSOE y Sumar, en el proceso legislativo del real decreto-ley que incluirá el paquete de medidas anticrisis.
La jubilación parcial se contempla como una medida para rejuvenecer las plantillas (similar al retiro anticipado) y evitar la salida brusca de un gran número de trabajadores: según cálculos de la Federación de Asociaciones de Cuerpos Superiores de la Administración General del Estado (Fedeca) realizados en 2022, aproximadamente la mitad de los trabajadores del sector público se jubilarán en esta década. Mediante esta modalidad, podrían abandonar gradualmente sus puestos de trabajo.
Otro de los beneficios que defienden los sindicatos, en relación con el mencionado acuerdo, es la implantación de la jornada laboral de 35 horas en la Administración, eliminando las restricciones establecidas en la disposición adicional 44 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2018, para que cada Administración, según sus competencias, pueda establecer esta jornada para su personal y el de su sector público institucional. El teletrabajo también es una propuesta destacada a favor de los funcionarios.
En un contexto de inestabilidad política, la decisión de no presentar los Presupuestos de 2024 debido al adelanto de las elecciones en Cataluña deja incierta la política económica del Gobierno, que no cuenta con el respaldo del Congreso para aprobar sus cuentas. Sin embargo, esto no afectará a la subida salarial de los funcionarios ni a las convocatorias de empleo público mediante oposiciones, según confirman fuentes de Función Pública y varios sindicatos.
"La situación actual resalta aún más la importancia del Acuerdo Marco, firmado en octubre de 2022 únicamente por CCOO y UGT, que, sin duda, ha venido a proteger nuestros salarios ante posibles escenarios políticos como los actuales", explican. Además, instan al Gobierno a aprobar la adaptación del Estatuto Básico del Empleado Público en materia de permisos y vacaciones, así como la finalización de la clasificación profesional.
El presidente de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), Miguel Borra, ha alertado sobre el impacto en los servicios públicos y las condiciones de los empleados públicos debido a la ausencia de nuevos Presupuestos Generales del Estado para 2024 tras el adelanto electoral en Cataluña. "Estamos muy preocupados por la parálisis de la Administración", afirmó, anticipando posibles movilizaciones en una "primavera caliente".
Durante el congreso nacional en el que fue reelegido este jueves en Granada, Borra hizo declaraciones a los medios valorando el adelanto electoral en Cataluña y sus repercusiones a nivel estatal, con la falta de Presupuestos Generales del Estado para este año, lo que significa que seguirán vigentes los de 2023.
Borra señaló que durante esta legislatura todo ha estado "completamente paralizado" debido al tema de la Ley de Amnistía, dando la impresión de que "en este país no se puede trabajar por los ciudadanos y los servicios públicos". A esto se suma ahora, agregó el presidente de CSIF, el anuncio del Gobierno de que "renuncia a tener Presupuestos para el ejercicio 2024".