(La Vanguardia, 08-04-2026) | Laboral
Los sindicatos han planteado una crítica global al actual sistema de despido, configurado en gran medida tras la reforma laboral de 2012 durante el Gobierno de Mariano Rajoy. Tras meses de espera, CCOO y UGT han presentado su propuesta para modificar la normativa vigente, que en esencia supone recuperar el marco anterior a dicha reforma, al considerar que fue aprobada sin el necesario diálogo social.
Ambas organizaciones han dado a conocer un documento conjunto, denominado Plataforma Sindical Unitaria, en el que recogen cuatro grandes líneas de actuación. Además de la reforma del despido, incluyen cambios en la regulación del contrato a tiempo parcial, el blindaje legal de su financiación por la negociación colectiva y un conjunto de medidas para hacer frente a la crisis de la vivienda.
En materia de despido, los sindicatos proponen aumentar las indemnizaciones, recuperar la posibilidad de readmisión en caso de despido improcedente y establecer límites más estrictos a la finalización de contratos durante el periodo de prueba, exigiendo causas justificadas para su uso. Asimismo, plantean fijar indemnizaciones mínimas y permitir compensaciones superiores a las establecidas por ley cuando estas no reparen adecuadamente el perjuicio al trabajador.
Estas propuestas se presentan a la espera de que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la posibilidad de que los jueces puedan fijar indemnizaciones ajustadas a cada caso. Aunque el Tribunal Supremo rechazó esta opción, los sindicatos consideran que la doctrina del Comité Europeo de Derechos Sociales respalda la posibilidad de conceder compensaciones más elevadas que las tasadas.
En cuanto a la contratación, CCOO y UGT apuestan por endurecer las condiciones del trabajo a tiempo parcial, al entender que genera desigualdad, especialmente de género, y que se utiliza de forma abusiva. Entre sus propuestas figura limitar este tipo de contratos a un máximo del 80% de la jornada ordinaria -por ejemplo, 32 horas semanales en una jornada de 40- y exigir que la empresa justifique por qué no se formaliza un contrato a tiempo completo.
También plantean restringir la fragmentación de la jornada diaria, salvo en supuestos concretos, y reforzar la regulación de las horas complementarias. Si estas se realizan de forma habitual, proponen que pasen a integrarse en la jornada ordinaria. Además, reclaman que las empresas avisen con al menos siete días de antelación sobre su realización y que los trabajadores puedan renunciar a este tipo de pactos con un preaviso de 15 días, una vez transcurrido un año. Igualmente, defienden que estas horas se remuneren como si fueran extraordinarias.