(El Economista, 23-02-2026) | Laboral
Al finalizar 2025, un total de 975.500 empleados públicos se encontraban en una situación laboral precaria debido a los elevados niveles de temporalidad existentes en el sector público español. En el último cuatrimestre del año, la tasa de contratos temporales alcanzaba el 26,8%, más del doble que en el ámbito privado y casi 19 puntos por encima del límite del 8% fijado por la Comisión Europea. Ante el riesgo de sanciones si no se reduce esta situación, se considera urgente impulsar contrataciones indefinidas y acortar los procesos selectivos hasta un máximo de un año.
En la actualidad, algunos procedimientos de acceso al empleo público pueden prolongarse hasta tres años desde la convocatoria de plazas hasta su adjudicación definitiva, lo que agrava aún más la temporalidad. Para revertir esta tendencia, los sindicatos colaboran con el Ministerio de Función Pública con el objetivo de agilizar los procesos, tal como recoge el Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI 2026-2028.
Una de las claves pasa por diseñar Ofertas de Empleo Público orientadas a estabilizar las plantillas, lo que implicaría eliminar la tasa de reposición -el mecanismo que limita nuevas contrataciones en función de las bajas producidas-. La secretaria general de UGT Servicios Públicos, Isabel Araque, señala que su eliminación forma parte de los objetivos del acuerdo, aunque advierte de que no puede aplicarse de manera inmediata por las consecuencias jurídicas que tendría. Como alternativa, se plantea un sistema complementario para determinar cada año las plazas a convocar. Araque también subraya que la Administración General del Estado presenta bajos niveles de temporalidad, situando el principal problema en comunidades autónomas y ayuntamientos.
El acuerdo también pone el foco en la reorganización de los departamentos de recursos humanos, con medidas de planificación que contemplen las necesidades estructurales y las previsiones de jubilaciones, con el fin de renovar las plantillas y adaptarlas a las demandas actuales de las administraciones y la ciudadanía.
Asimismo, incluye compromisos para acelerar los procesos selectivos. Tanto el Gobierno como los sindicatos firmantes -UGT, CSIF y CCOO- se proponen reducir los plazos máximos sin renunciar a la transparencia y la objetividad. Entre las medidas recomendadas figura la publicación de calendarios detallados de cada proceso para aportar mayor seguridad y previsión a los aspirantes.
Por el alcance de las iniciativas contempladas, Araque califica el acuerdo como "virtuoso" y considera que su aplicación, si se materializa, tendrá efectos duraderos en las distintas administraciones públicas durante la próxima década.