(El Economista, 25-11-2025) | Laboral
Los sindicatos CCOO y UGT definirán este martes sus prioridades de cara a la negociación del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2026. Las ejecutivas de ambas organizaciones llevan meses trabajando para acordar una propuesta conjunta antes de sentarse con el Ministerio de Trabajo. En esta ocasión, ya han adelantado que su enfoque no estará centrado únicamente en la cifra de actualización del SMI, como ha ocurrido en ejercicios anteriores, sino en modificar la redacción del Real Decreto que lo establece cada año. Su intención es impedir que las empresas puedan ajustar o absorber complementos salariales para adaptarse al nuevo mínimo obligatorio, algo que sí pueden hacer actualmente.
Esta línea ya ha sido aceptada por el Ministerio de Trabajo y reflejada en el último borrador presentado en la mesa para transponer la directiva europea sobre salarios mínimos. Por su parte, las patronales CEOE y Cepyme se oponen frontalmente a este cambio, argumentando que contraviene una práctica respaldada por el Tribunal Supremo y por el Estatuto de los Trabajadores, ya que la norma actual permite estos ajustes mientras no estén prohibidos expresamente por los convenios colectivos aplicables. La patronal ha advertido que acudirá a los tribunales si Yolanda Díaz modifica así la estructura salarial.
Además, se espera que los sindicatos hagan públicas este martes sus demandas respecto al incremento del SMI. Para ellos, es fundamental que los salarios más bajos ganen poder adquisitivo, lo que implica que la subida aplicada debe superar el aumento medio de los precios del último año. Según el dato más reciente del Instituto Nacional de Estadística (INE), correspondiente a octubre, la inflación media fue del 3,1%. A esto se suma que CCOO y UGT suelen vincular su propuesta a los incrementos salariales pactados en convenios, que en octubre alcanzaban un 3,5% de media, llegando al 4,15% en los acuerdos firmados durante 2023.
Los negociadores esperan que el aumento se sitúe dentro de este rango. Los empresarios contemplan un alza del 3%, lo que situaría el SMI en 1.219 euros brutos mensuales, mientras que los sindicatos apuestan por la franja más alta o incluso superarla. Si Trabajo decidiera aplicar un incremento del 3,5%, el SMI alcanzaría los 1.225 euros en 14 pagas, lo que supondría un incremento de 59 euros respecto al año anterior, frente a los 50 euros de la subida a comienzos de 2023 y los 54 euros de la anterior.
En cualquier caso, se da por seguro que en 2026 el salario mínimo superará los 1.200 euros, ya que los sindicatos llevan años reclamando situarlo en este entorno. Incluso un incremento modesto del 2%, inferior a la inflación, lo colocaría en 1.207 euros mensuales. Desde 2019, cuando Pedro Sánchez fijó el SMI en 900 euros, este umbral ha crecido un 61%.
No obstante, la propuesta concreta de los sindicatos tiene un peso limitado frente a la recomendación que emita la Comisión de Expertos creada por el Ministerio de Trabajo, compuesta por representantes de Economía, Hacienda, academia y sindicatos, dado que los empresarios rechazaron formar parte. Aunque el Gobierno ha empleado distintas estrategias de negociación en los últimos años, la cifra recomendada por este comité suele ser la base que lleva al Ejecutivo a la mesa, incorporando al acuerdo otras demandas.
Este comité analiza estadísticas laborales como la Encuesta de Estructura Salarial (EES), la Estadística de Convenios Colectivos (ECC) y la Encuesta Trimestral de Coste Laboral (ECTL) para determinar la evolución de los salarios y calcular el salario neto que equivaldría al 60% de la media. El año pasado, la recomendación del grupo consideró que los perceptores pagarían IRPF por la parte del salario que superara el "mínimo exento". En esta ocasión, Díaz ha solicitado dos cifras, para permitir que el SMI suba más si Hacienda determina que estos sueldos tributen por primera vez.
Trabajo, sindicatos y patronal llevan meses sin reunirse en la mesa para transponer la directiva de salarios mínimos, en la que el Ministerio busca consolidar la función de esta comisión. A mediados de mes, la justicia europea se pronunció sobre la norma, presentada con denuncias de Dinamarca y Suecia, validando la mayor parte del texto y eliminando artículos que enumeraban criterios para determinar el aumento y que impedían reducir el SMI si el IPC del año anterior había sido negativo.