(Expansión, 01-07-2026) | Laboral
Los principales sindicatos han elevado la presión sobre el Gobierno ante el retraso en la aprobación del refuerzo del registro horario. Los secretarios generales de Unión General de Trabajadores, Pepe Álvarez, y de Comisiones Obreras, Unai Sordo, han lanzado un aviso directo al Ejecutivo exigiendo que la reforma quede aprobada antes del 31 de julio. Sordo ha sido contundente al advertir que, si no se resuelve esta cuestión en ese plazo, el Gobierno no podrá seguir contando con los sindicatos para futuros acuerdos que luego no se traduzcan en cambios legislativos.
Desde ambas centrales consideran agotada su paciencia. Álvarez ha insistido en que la demora resulta injustificable y ha reclamado una respuesta inmediata, especialmente porque, a su juicio, el control horario es clave para combatir los abusos en sectores donde las jornadas excesivas son más frecuentes, como el de los servicios. También ha exigido la aprobación de otro decreto comprometido por el Ejecutivo para impedir que algunas empresas neutralicen las subidas del salario mínimo mediante la absorción de complementos salariales.
El endurecimiento del registro horario formaba parte del acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos dentro de la reforma para reducir la jornada laboral. Sin embargo, tras el fracaso del proyecto de ley en el Congreso por la oposición de PP, Vox y Junts, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se comprometió a sacar adelante por decreto aquellas medidas que no requieren respaldo parlamentario, entre ellas el nuevo sistema de control horario.
Pese a ese compromiso, la norma todavía no ha sido aprobada en el Consejo de Ministros. El retraso responde, en parte, a discrepancias internas dentro del propio Gobierno. Díaz ha señalado al Ministerio de Economía por haber influido en el dictamen crítico emitido por el Consejo de Estado sobre esta reforma. Aunque el Ejecutivo ha avanzado que introducirá ajustes técnicos, sigue sin aclarar si el texto modificado volverá a someterse al análisis del órgano consultivo.
En paralelo, los sindicatos han presentado un fondo de resistencia destinado a respaldar económicamente a los afiliados que participen en huelgas durante el próximo año y medio, hasta finales de 2027. La dotación total asciende a ocho millones de euros, repartidos a partes iguales entre UGT y CC OO, con cuatro millones para cada organización.
Este fondo se utilizará para apoyar conflictos laborales considerados estratégicos o especialmente relevantes. Dado que los recursos no permitirán cubrir todas las huelgas, cada sindicato decidirá en qué movilizaciones concentrará su apoyo económico. Con esta herramienta, ambas centrales buscan reforzar su capacidad de presión en un contexto de creciente tensión con el Gobierno por el incumplimiento de compromisos laborales pendientes.