(El Economista, 09-04-2026) | Laboral
Tras el fracaso de la propuesta para reducir la jornada laboral a 37,5 horas y con la reforma del registro horario aún sin concretar, CCOO y UGT se han fijado como nuevo objetivo promover un cambio en la legislación laboral que establezca el contrato a jornada completa como la opción general, dejando el trabajo a tiempo parcial limitado a situaciones específicas, siguiendo una lógica similar a la aplicada en 2022 con los contratos temporales.
Ambos sindicatos pretenden que las empresas tengan que justificar las razones por las que optan por contratar a alguien con una jornada inferior a la completa establecida en su sector o compañía. Con ello buscan frenar lo que consideran un uso abusivo de las horas complementarias, es decir, aquellas que los empleados realizan fuera de su horario habitual en función de las necesidades empresariales.
Según explicó el secretario de Acción Sindical de CCOO, Javier Pacheco, se está consolidando un modelo que permite a las empresas disponer de una flexibilidad excesiva mediante este tipo de contratos, utilizando el trabajo a tiempo parcial como una fórmula para ajustar la disponibilidad de los trabajadores de manera unilateral.
Desde el punto de vista sindical, obligar a justificar el uso del contrato parcial ayudaría a que solo quienes realmente desean trabajar menos horas se encuentren en esta situación. De hecho, datos de la Encuesta de Población Activa indican que el 44% de quienes trabajan a tiempo parcial lo hacen porque no han encontrado un empleo a jornada completa, lo que supone alrededor de 1,3 millones de personas, de las cuales cerca del 73% son mujeres.
Actualmente, tras la última reforma laboral, los contratos se presumen indefinidos por defecto. Si prospera esta propuesta, también pasarían a ser mayoritariamente a jornada completa, salvo en casos justificados. Esto supondría una reducción significativa de la flexibilidad para las empresas.
El Estatuto de los Trabajadores permite en la actualidad formalizar contratos a tiempo parcial siempre que se pacte una jornada inferior a la de un trabajador a tiempo completo en la misma empresa, incluyendo la posibilidad de acordar horas complementarias, que pueden llegar hasta el 75% de la jornada contratada según el convenio colectivo.
Dado que estos trabajadores no pueden realizar horas extraordinarias, las horas complementarias se convierten en la principal herramienta para ajustar la carga de trabajo. Sin embargo, los sindicatos consideran que este sistema genera precariedad, ya que estas horas no siempre se remuneran mejor que las ordinarias y no existe garantía de que se vayan a realizar.
Por ello, proponen que las empresas estén obligadas a convertir en contratos a jornada completa aquellos casos en los que el trabajador haya alcanzado más del 80% de la jornada completa sumando horas complementarias durante el año anterior. Además, plantean que estos empleados tengan prioridad para ocupar vacantes a tiempo completo dentro de la empresa tras seis meses de antigüedad, en línea con lo previsto para los fijos discontinuos en la última reforma.
Así, las organizaciones sindicales sugieren fijar en el 80% de la jornada máxima el límite entre trabajo parcial y completo. Para quienes trabajen menos horas, plantean que puedan incorporar a su jornada habitual el promedio de horas complementarias realizadas el año anterior.
También proponen ampliar de tres a siete días el plazo de preaviso que debe dar la empresa para cancelar horas complementarias previamente asignadas, así como permitir que el trabajador pueda desvincularse de este pacto tras un año. Actualmente, esta posibilidad está restringida a situaciones concretas como el cuidado de familiares, la formación o la compatibilidad con otro empleo.
En conjunto, esta propuesta de reforma laboral va más allá del acuerdo alcanzado en 2022 con el Gobierno y la patronal, y busca, entre otros objetivos, reducir la brecha salarial de género, muy vinculada al uso del trabajo a tiempo parcial. Asimismo, reabre debates que quedaron fuera en la anterior reforma, como el de la indemnización por despido.
Desde UGT, su vicesecretario general de Política Sindical, Fernando Luján, defendió que es necesario eliminar el contrato a tiempo parcial como foco de precariedad, al considerar que se ha convertido en una herramienta que permite abusar de los trabajadores mediante el uso de horas complementarias, ajustando su jornada en función de las necesidades empresariales.