(El País, 12-09-2025) | Laboral

El creciente malestar entre los sindicatos de la función pública, provocado por la falta de avances e incluso de diálogo en materia salarial y de empleo, ha llevado a CC OO y UGT, por un lado, y a CSIF, por otro, a advertir que, si no hay cambios en las próximas semanas, endurecerán sus movilizaciones. "No descartamos ninguna medida", señalan desde CSIF.

La negociación de las retribuciones para 2025 se ha convertido en la principal exigencia de los más de tres millones de empleados públicos, que este año aún no han recibido incremento alguno, mientras la inflación acumula ya una media del 2,5%. Esta pérdida de poder adquisitivo se suma a la que arrastran desde hace años, que CSIF calcula en torno al 20% desde los recortes de la crisis de 2010.

Para acordar cualquier subida, es necesario reunir la Mesa General de las Administraciones Públicas, un órgano que todavía no ha sido convocado en 2024, ni se prevé a corto plazo. Desde Función Pública insisten en que la revisión salarial se abordará en el marco de la negociación presupuestaria, cuyo proceso arrancó a principios de mes con la publicación en el BOE de la orden que fija directrices y prioridades para las cuentas públicas de 2024.

Los sindicatos recuerdan, sin embargo, que las reuniones previas con el Ejecutivo para plantear posibles mejoras deberían haberse celebrado ya, algo que no ha ocurrido. Tanto UGT como CSIF sostienen que no era imprescindible esperar a los Presupuestos para aprobar un aumento salarial. En este sentido, CSIF ha remitido una carta al Ministerio de Hacienda reclamando recursos para las subidas retributivas, la restitución total de las pagas extra recortadas en 2010, así como la equiparación salarial entre cuerpos y escalas en distintas administraciones.

En los últimos tres años, los empleados públicos han recibido un alza acumulada del 9,5%, en virtud del Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI firmado por CC OO y UGT, cuya vigencia concluyó en diciembre de 2024. No obstante, las centrales sindicales denuncian incumplimientos importantes de dicho pacto. Tanto CC OO como UGT critican directamente al ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, al que acusan de "despreciar" sus demandas.

Entre los compromisos pendientes destacan la regulación de la jubilación parcial para funcionarios, estatutarios y personal laboral; la adaptación de la clasificación profesional al sistema nacional de cualificaciones; la implantación de la jornada de 35 horas en la Administración General del Estado o la situación del Servicio Exterior. Ante la falta de avances, las dos organizaciones avisan de que reactivarán e intensificarán las protestas iniciadas en julio.

Desde Función Pública replican que los procesos están en marcha. Recuerdan que la jubilación parcial anticipada sigue su tramitación parlamentaria y que el 31 de julio se autorizó una tasa de reposición específica de 1.049 plazas para el personal laboral del Estado. Pese a ello, UGT denuncia que, tras nueve meses de negociación del V convenio único, los progresos son mínimos y sus propuestas no se han tenido en cuenta.

En relación con la jornada de 35 horas, el ministerio asegura que avanza después de que las comunidades autónomas recuperaran la capacidad de aplicarla. Respecto a la temporalidad -que continúa por encima del 30% en la mayoría de administraciones, con especial incidencia en las autonómicas-, los sindicatos reclaman acelerar los procesos de consolidación y de nuevas incorporaciones. Además, han criticado como una "falta de respeto" la presentación en julio de un documento para una "administración abierta", elaborado sin negociación y que plantea una profunda reforma en los sistemas de selección de personal, especialmente controvertida entre los altos funcionarios.

El Gobierno, por su parte, defiende que los procesos de selección ya se han agilizado, con el 93% de las ofertas de empleo público de 2024 publicadas, y asegura que casi todos los exámenes de oposición se celebran en menos de un año, frente a los dos o más que denuncian las organizaciones sindicales.

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