(El País, 14-10-2025) | Laboral
Se avecinan movilizaciones en el sector público. Las federaciones de función pública de UGT, CCOO y el sindicato CSIF han anunciado que iniciarán acciones de protesta ante lo que califican como un bloqueo del Gobierno en la negociación colectiva de los empleados públicos, lo que impide alcanzar un nuevo acuerdo salarial que beneficiaría a más de tres millones de trabajadores. En un comunicado conjunto emitido este lunes, las organizaciones sindicales advierten que comenzarán movilizaciones y no descartan convocar una huelga general.
Este martes, la secretaria general de UGT Servicios Públicos, Isabel Araque; el coordinador del Área Pública de CCOO, Lucho Palazzo; y el presidente de CSIF, Miguel Borra, detallarán el calendario de protestas, que se iniciarán a finales de mes en distintas ciudades del país y se prolongarán hasta final de año. Si para entonces el Ejecutivo no reactiva la negociación para un nuevo acuerdo salarial, los sindicatos podrían convocar una huelga general en todas las administraciones y empresas públicas.
Las movilizaciones, que irán en aumento progresivo, buscan denunciar la parálisis de las conversaciones con el Ministerio de Función Pública, dirigido por Óscar López. Según los representantes sindicales, la falta de avances está bloqueando un nuevo pacto salarial y otras reivindicaciones pendientes.
El último acuerdo, denominado Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI, estuvo vigente entre 2022 y 2024, e implicó una subida salarial acumulada del 9,5% en esos tres años, coincidiendo con la fuerte inflación derivada de la guerra en Ucrania. Solo UGT y CCOO firmaron dicho acuerdo, mientras que CSIF lo rechazó por considerarlo insuficiente, especialmente en lo relativo a la recuperación del poder adquisitivo perdido desde los recortes de la crisis financiera, que estiman en torno al 20%. No obstante, el pasado mes de mayo, CSIF propuso a los otros dos sindicatos unir fuerzas para exigir un nuevo acuerdo que permita descongelar los salarios en 2025 y recuperar poder de compra.
Desde que finalizó el anterior acuerdo el 31 de diciembre de 2024, los sindicatos se han reunido varias veces con el Ministerio, pero la respuesta ha sido siempre la misma: sin Presupuestos Generales del Estado, no habrá subida salarial. Así lo han reiterado tanto el ministro como otras fuentes gubernamentales, que sitúan cualquier incremento dentro de la negociación presupuestaria.
En lo que va de año, los empleados públicos solo han recibido un abono del 0,5% correspondiente a atrasos del anterior acuerdo, con efectos retroactivos desde enero de 2024, pagado en agosto. Más allá de eso, no ha habido nuevos aumentos. Los sindicatos denuncian que, mientras tanto, la inflación -que en septiembre alcanzó el 2,9% interanual- continúa reduciendo el poder adquisitivo de los trabajadores públicos, mientras que en el sector privado los salarios pactados en convenio suben en promedio un 3,5%.
Cualquier mejora salarial debe aprobarse en la Mesa General de las Administraciones Públicas, cuya convocatoria aún no ha sido anunciada por el Ministerio. Pero los sueldos no son el único tema pendiente. CSIF reclama la recuperación total de las pagas extra donde aún persisten los recortes de 2010 y la equiparación salarial entre cuerpos y escalas de distintas administraciones. Por su parte, UGT y CCOO insisten en cuestiones aún sin resolver, como la jubilación parcial del personal funcionario, laboral y estatutario; la aplicación del sistema de cualificaciones profesionales; la jornada de 35 horas en la Administración General del Estado; y la mejora de las condiciones del personal del Servicio Exterior.
Paralelamente, el Ministerio de Óscar López trabaja en una reforma del modelo de acceso al empleo público, que incluye la creación de una escuela de formación obligatoria de dos años para todos los aspirantes. Además, planea implantar nuevos planes de recursos humanos y modificar la estructura de las plantillas para favorecer la movilidad y la estabilidad, con el objetivo de reducir la elevada temporalidad, que ronda el 30%. Este problema ha llevado a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y ha provocado un expediente de infracción por parte de la Comisión Europea debido a la falta de medidas eficaces contra el abuso de los contratos temporales.