(El Economista, 13-02-2026) | Laboral
El Ejecutivo prevé aprobar una nueva subida del salario mínimo interprofesional hasta los 1.221 euros mensuales. Este incremento no solo repercute en quienes perciben el sueldo mínimo, sino también en los desempleados mayores de 52 años que cobran el subsidio específico para este colectivo. Cuando la medida entre en vigor, aumentarán las cotizaciones a la Seguridad Social que el Estado realiza en su nombre de cara a la jubilación, lo que refuerza el desincentivo ya existente para reincorporarse al mercado laboral.
El subsidio para mayores de 52 años está dirigido a quienes han agotado la prestación contributiva o no han cotizado lo suficiente para acceder a ella y se encuentran próximos a la edad de retiro. Su objetivo es ofrecer protección en la recta final de la vida laboral, aunque distintos centros de estudios y el propio Ministerio de Economía han advertido de que puede reducir el incentivo a buscar empleo.
La cuantía mensual de la ayuda es de 480 euros, una cifra inferior al salario mínimo. Sin embargo, el atractivo del subsidio reside en las cotizaciones que lleva asociadas: el Estado cotiza por el beneficiario sobre el 125% de la base mínima de cotización, que está vinculada al SMI. En la práctica, esto significa que una persona en paro con esta ayuda cotiza un 25% más que si trabajara cobrando el salario mínimo.
Aunque el ingreso directo sea reducido, la cotización se calcula como si el beneficiario percibiera un salario considerablemente superior. Esto resulta especialmente ventajoso para quienes necesitan completar años de cotización para acceder a una pensión contributiva o mejorar su futura prestación. En función de su situación personal y sus ahorros, puede resultar más beneficioso mantener el subsidio que aceptar un empleo remunerado con el SMI.
Cada aumento del salario mínimo amplía esta diferencia. Actualmente, los perceptores cotizan como si tuvieran un sueldo de 1.726 euros. Con la próxima subida prevista, la base de cotización se aproximaría a la correspondiente a un salario de 1.780 euros. Esto no solo incrementa el posible desincentivo a trabajar, sino que también eleva el gasto del Servicio Público de Empleo Estatal.
Según la memoria económica del Ministerio de Trabajo que acompaña al borrador del decreto de subida del SMI -del 3,1%-, el gasto en subsidios por desempleo aumentará en torno a 26 millones de euros, considerando a todos los beneficiarios. De esa cantidad, unos 22 millones se explican por el incremento de las cotizaciones sociales.
La subida del SMI también eleva el umbral de ingresos para acceder a la ayuda, fijado en el 75% del salario mínimo, ya que es compatible con empleos a tiempo parcial. El límite actual de 880 euros pasará a 896 euros. No obstante, el Gobierno estima que esta variación tendrá un impacto reducido en el número de nuevos beneficiarios.
La reforma de este mecanismo ya fue objeto de debate en la anterior legislatura, cuando se modificó el subsidio en el marco de los compromisos ligados a los fondos europeos. El Ministerio de Economía, entonces dirigido por Nadia Calviño, defendía eliminar esta cotización reforzada al considerar que no estaba diseñada para un SMI tan elevado. Sin embargo, tras la caída inicial de la norma en el Congreso y nuevas negociaciones impulsadas por los sindicatos, se mantuvo la cotización del 125% de la base mínima, vigente desde 2011.
En su último informe sobre España, la OCDE analizó este subsidio y advirtió de que puede reducir los incentivos económicos para que los mayores de 52 años acepten un empleo. Según su enfoque, al sumar la pérdida de la ayuda y el pago de impuestos y cotizaciones al volver a trabajar, puede no resultar rentable aceptar un puesto con salario mínimo, especialmente porque se pierde la cotización adicional para la jubilación.
La organización utiliza el concepto de tipo impositivo de participación para medir este efecto. En el caso de los trabajadores de más edad en España, la carga implícita al incorporarse al empleo puede ser muy elevada. En algunos supuestos, el coste supera el 100%, lo que implica que por cada euro adicional de salario bruto que obtendrían al trabajar, perderían más de un euro entre la desaparición de la ayuda y las obligaciones fiscales y de cotización. Esta situación actúa como un claro desincentivo para regresar al mercado laboral.