(El País, 12-01-2026) | Mercantil, civil y administrativo
El Consejo de la Unión Europea dio luz verde este viernes al acuerdo comercial con Mercosur, despejando uno de los principales escollos para ratificar el entendimiento preliminar alcanzado por la Comisión Europea y el bloque sudamericano -Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay- hace algo más de un año. Este pacto podría desembocar en la mayor zona de libre comercio del planeta, con más de 720 millones de potenciales consumidores. Para la UE, lo que está en juego va más allá del intercambio comercial: se trata de reforzar su credibilidad como actor internacional capaz de cerrar acuerdos y de ampliar su red de alianzas geoeconómicas en un contexto global marcado por fuertes tensiones, acentuadas recientemente tras la captura por la fuerza de Nicolás Maduro hace apenas seis días.
Aunque la votación formal aún no se había celebrado, diversas fuentes del Consejo indicaron a EL PAÍS que, a la vista de las posiciones expresadas por los embajadores de los Veintisiete en la reunión iniciada a las 11.00 de este viernes, el respaldo necesario estaba asegurado cuando se emitan los votos -plazo que se extiende hasta las 17.00-. El giro decisivo lo dio Italia, que finalmente apoyó el acuerdo tras las concesiones introducidas en los últimos días por la Comisión Europea. En contra se mantienen Francia, Polonia, Austria, Hungría e Irlanda, mientras que Bélgica optó por la abstención. Este reparto de apoyos garantiza la mayoría cualificada exigida -el 55% de los Estados miembros que representen al menos el 65% de la población de la UE-, lo que permitirá a la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, y al presidente del Consejo Europeo, António Costa, desplazarse la próxima semana a Sudamérica para la firma protocolaria del acuerdo.
Esa rúbrica supondrá un nuevo hito en un proceso negociador que se remonta a 1999, cuando comenzaron las conversaciones para crear la mayor área de libre comercio del mundo. Dos décadas después se alcanzó un primer principio de acuerdo, que no logró salir adelante por la oposición de varios Estados miembros -con Francia a la cabeza- y del Parlamento Europeo, que reclamaba mayores garantías medioambientales. Aquellas reticencias obligaron a reabrir las negociaciones hasta desembocar en el texto que los Estados miembros han avalado ahora.
Para la UE, una de las economías más abiertas al comercio internacional, cerrar acuerdos con otros bloques se ha convertido en una prioridad tanto económica como estratégica desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Los acontecimientos de 2025, con la ofensiva arancelaria estadounidense, y los primeros compases de 2026, marcados por el secuestro de Maduro y las reiteradas amenazas sobre Groenlandia, han reforzado la estrategia de Bruselas de diversificar alianzas. En ese contexto, el pacto con Mercosur se perfila como la pieza más ambiciosa de esa política.
Pese al avance de este viernes, el acuerdo aún debe superar otros trámites en el ámbito europeo, en particular la ratificación del Parlamento Europeo, donde el respaldo no está garantizado. El peso creciente de los grupos ultras, la oposición de La Izquierda y las dificultades de los grandes grupos para mantener posiciones homogéneas debido a intereses nacionales anticipan votaciones ajustadas y resultados inciertos.
Existen además dos factores que apuntan a un recorrido complejo en la Eurocámara. Por un lado, un número relevante de eurodiputados pretende elevar el texto al Tribunal de Justicia de la UE, lo que podría retrasar o incluso suspender su entrada en vigor. Por otro, el líder del grupo de extrema derecha Patriots, Jordan Bardella, ya ha anunciado su intención de promover una nueva moción de censura contra la Comisión por este acuerdo, la segunda en una legislatura que apenas supera el año de duración.
La Comisión Europea ha defendido el pacto con una batería de cifras. El libre comercio con Mercosur abriría el acceso a un mercado de 270 millones de personas y a una economía con un PIB conjunto cercano a los 2,7 billones de euros. Bruselas estima que las exportaciones europeas podrían incrementarse en 84.000 millones y que se generarían unos 756.000 nuevos empleos, con especial impacto positivo en el sector del automóvil -presionado por la competencia de los vehículos eléctricos chinos- y en industrias como la química y la farmacéutica. También prevé un impulso a las exportaciones agroalimentarias gracias a la fuerte reducción de aranceles, como el 28% en el queso, el 27% en el vino o el 35% en las bebidas espirituosas.
Sin embargo, estas previsiones no han logrado disipar el rechazo del sector agrícola, que ha vuelto a movilizarse esta semana en distintos puntos de Europa. Tampoco han convencido las salvaguardas semiautomáticas aprobadas a finales de 2025, que prevén investigaciones y medidas provisionales -como la reintroducción de aranceles- si se detectan distorsiones en el mercado interior. Ni siquiera las recientes propuestas de la Comisión para adelantar pagos de la Política Agraria Común en el próximo marco presupuestario (2028-2034) o la suspensión temporal de los aranceles a los fertilizantes han logrado apaciguar la oposición del campo.