(El Economista, 10-02-2026) | Laboral
Los tribunales están poniendo límites al uso indebido del derecho a la reducción de jornada por cuidado de hijos menores de 12 años cuando se emplea como estrategia para evitar un despido. Una de las resoluciones más recientes procede del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que ha rechazado declarar nulo el cese de una trabajadora que solicitó dicha reducción apenas un mes antes de ser despedida por la empresa.
En su sentencia, fechada el 6 de junio, el TSJA concluye que la empleada pidió la reducción una vez que ya conocía la delicada situación económica de la compañía y era consciente de que su despido era inminente, circunstancia que, de hecho, le había sido comunicada con cinco meses de antelación para facilitar su salida. El tribunal subraya que la trabajadora no acreditó ninguna circunstancia concreta que justificara la solicitud en ese momento, lo que permite inferir que su actuación tuvo como finalidad proteger su puesto de trabajo utilizando un derecho legítimo con un propósito distinto al que persigue la norma.
Este pronunciamiento se suma a otras resoluciones judiciales que han rechazado el uso fraudulento de los derechos de conciliación como mecanismo de blindaje frente al despido. Entre ellas figuran varias sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, dictadas en junio de 2019, enero de 2021 y septiembre de 2024, así como un fallo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de junio de 2019.
El tribunal andaluz comparte los razonamientos del TSJ de Madrid y califica este tipo de conductas como contrarias a la buena fe, al considerar que solicitar una reducción de jornada con la única finalidad de impedir un despido constituye una actuación fraudulenta. La sentencia recuerda que los actos realizados al amparo de una norma para lograr un resultado prohibido o contrario al ordenamiento jurídico deben considerarse ejecutados en fraude de ley y no impiden la aplicación de la norma que se pretendía eludir.