(El País, 02-11-2026) | Fiscal
La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) ha advertido de que la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) atraviesa "la peor crisis de su historia" y corre el riesgo de perder el modelo institucional con el que fue creada en 1992. Durante su XXXVI Congreso, celebrado este jueves y viernes en Toledo, el colectivo ha denunciado el deterioro de la independencia y el prestigio del organismo, que atribuye a las interferencias políticas, las filtraciones de información reservada y una estrategia de comunicación excesivamente defensiva. Para corregir esta situación, los inspectores reclaman una profunda reforma de la Agencia mediante la aprobación urgente de un Estatuto que lleva más de tres décadas pendiente de desarrollo.
Una de las principales demandas de la asociación es despolitizar los órganos de dirección y garantizar la estabilidad de sus responsables. Su presidenta, Ana de la Herrán, ha recordado que la Agencia Tributaria ha tenido 15 directores generales en sus casi 35 años de existencia, una rotación que también ha provocado continuos cambios en los puestos intermedios. José María Peláez, portavoz de la organización, considera que la institución ha perdido independencia frente al poder político.
Esta reivindicación se produce después de la reciente renovación de la cúpula del organismo. El Gobierno nombró en julio a Antonio Ansón Latorre como nuevo director general, en sustitución de Soledad Fernández Doctor, que dejó el cargo después de cuatro años. El relevo estuvo precedido por varios días de especulaciones sobre posibles tensiones internas, en un contexto marcado por el debate sobre la financiación autonómica y las competencias tributarias de Cataluña. Hacienda negó entonces que existiera una crisis interna y aseguró que la salida de Fernández Doctor estaba acordada desde hacía meses. Ansón, inspector de Hacienda desde 1999 y hasta entonces jefe de gabinete del secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, cuenta con una dilatada trayectoria en la Administración tributaria.
Para reforzar la autonomía técnica y funcional de la Agencia, los inspectores proponen que el nombramiento de su director general corresponda a las Cortes Generales y requiera una mayoría cualificada. El mandato tendría una duración de cinco años, con posibilidad de una única renovación, y el cese solo podría producirse por las causas expresamente establecidas en la ley. A cambio de esta mayor independencia, el responsable del organismo debería comparecer anualmente en el Congreso para informar sobre el cumplimiento de los planes estratégicos y los resultados de gestión.
La reforma planteada también pretende eliminar la actual bicefalia de la dirección, separando al secretario de Estado de Hacienda de la estructura ejecutiva de la Agencia. El modelo de gobierno se organizaría en torno a la Dirección General, un Comité Ejecutivo y un Consejo Asesor en el que estarían representadas todas las administraciones que participan en la gestión de los tributos. La asociación considera que este cambio permitiría recuperar la autonomía en materia de personal frente a la intervención de la Secretaría de Estado de Función Pública y reducir el recurso a la libre designación, un sistema que, según denuncia, afecta actualmente a más de la mitad de los puestos ocupados por inspectores.
Entre las medidas propuestas figura también la incorporación de la lucha contra la corrupción a los planes anuales de control tributario. Para ello, los inspectores plantean establecer un programa permanente de inspección patrimonial de los representantes públicos y de los partidos políticos, además de un seguimiento fiscal específico de las personas condenadas por delitos de corrupción.
El colectivo considera que estos cambios ayudarían a evitar la utilización política de la Agencia Tributaria y recuerda varios episodios que, a su juicio, han comprometido su independencia. Entre ellos cita la exigencia de promover la amnistía fiscal de 2012, los ceses de altos cargos por supuestas afinidades políticas en 2013 y las filtraciones de datos tributarios de responsables públicos durante ese mismo año. También denuncia presiones para someter determinadas actuaciones inspectoras a la autorización de Hacienda y alude a las declaraciones públicas de la anterior ministra, María Jesús Montero, sobre la situación fiscal de la pareja de Isabel Díaz Ayuso.
Los inspectores mantienen asimismo su rechazo a cualquier propuesta que suponga rebajar los requisitos de acceso al cuerpo o recurrir a bolsas de interinos para realizar funciones propias de la inspección. Además, reclaman que todos los funcionarios del cuerpo estén plenamente adscritos a la plantilla de la Agencia y que se equiparen sus retribuciones y posibilidades de promoción profesional con las de quienes trabajan en los tribunales económico-administrativos, la Dirección General de Tributos y el Instituto de Estudios Fiscales.
La modernización del organismo pasa también, según la asociación, por incorporar la inteligencia artificial al trabajo diario de los funcionarios mediante agentes especializados, siempre bajo supervisión humana. El propósito sería reforzar la capacidad investigadora de la Agencia sin menoscabar las garantías de los contribuyentes.
Otro de los focos de preocupación es la reforma de la financiación autonómica y las posibles concesiones a Cataluña. Los inspectores se oponen a cualquier modificación que pueda poner en peligro la unidad de la Agencia Tributaria y defienden que la gestión de los impuestos debe conservar una estructura común en todo el territorio nacional. A su juicio, la fragmentación de las competencias entre distintas administraciones podría debilitar el funcionamiento de la institución.
Para preservar este modelo, la asociación establece tres condiciones que considera irrenunciables: mantener un sistema único de información tributaria, garantizar una caja única para gestionar las retenciones y conservar un control integrado de las actividades económicas en todo el país. Estas exigencias constituyen, según el colectivo, los límites que deberían respetarse en cualquier reforma de la financiación autonómica.
A estas discrepancias se añade el malestar por los ataques que, según denuncian, recibe la Agencia tanto de algunos contribuyentes como de determinados despachos profesionales. Peláez reconoce que la labor inspectora puede generar rechazo social, una circunstancia que los funcionarios asumen como parte de su trabajo. Sin embargo, considera que ese malestar no debe traducirse en agresiones contra los empleados públicos o la propia institución por decisiones que corresponden al poder legislativo, como la falta de actualización de los tramos del IRPF para compensar la inflación.
El portavoz también ha aludido a las críticas de algunos despachos profesionales, en una referencia al bufete Amsterdam & Partners y a su campaña contra Hacienda. Los inspectores consideran que la dirección de la Agencia no ha respondido con suficiente contundencia a estos ataques y reclaman un mayor respaldo institucional, tanto desde el punto de vista de la comunicación pública como mediante actuaciones judiciales cuando resulte necesario.