(Expansión, 03-10-2025) | Fiscal
Los inspectores de Hacienda alertaron ayer de la creación en Cataluña de una estructura fiscal paralela a la estatal que, según denuncian, se está impulsando al margen de la legalidad. La advertencia llega tras la aprobación en el Parlament de la adaptación de la Agencia Tributaria catalana a las competencias previstas en el pacto de financiación singular para la Generalitat. A juicio del colectivo, se trata de una "entelequia" sin base jurídica real por ahora, pero que pretende abrir el camino hacia la cesión completa de los tributos a la región y un eventual traspaso de funcionarios de la Agencia Tributaria estatal. Sin capacidad para frenar el proceso en los tribunales, los inspectores pidieron a las comunidades autónomas que presenten recursos para paralizar lo que consideran la implantación irregular de un nuevo sistema fiscal amparado en el llamado cupo catalán.
En un comunicado firmado por su presidenta, Ana de la Herrán, la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) expresó su "profunda preocupación" por los últimos avances en la configuración de la Agencia Tributaria catalana. La inquietud se intensificó tras la convalidación del Decreto-Ley 15/2015, que establece su nueva estructura jurídica para ajustarla a las supuestas funciones derivadas del sistema de financiación singular pactado entre ERC y PSC. Este acuerdo contempla la cesión del 100% de los impuestos a Cataluña a cambio de un cupo por los servicios del Estado y de una aportación solidaria al resto de autonomías, condición clave para la investidura del socialista Salvador Illa como president.
El decreto otorga a la Agencia Tributaria catalana plena autonomía en la gestión de personal y la capacidad de crear nuevos cuerpos tributarios para recaudar todos los impuestos. Fue aprobado en el Parlament con el apoyo de PSC-Units, ERC, Comuns y CUP, la abstención de Junts, y el rechazo de PP, Vox y Aliança Catalana.
La IHE critica que la medida se haya impulsado mediante decreto-ley sin causa de urgencia justificada ni respaldo legislativo, lo que, en su opinión, legitima un modelo de financiación que aún no tiene sustento normativo, ya que no se ha modificado el actual sistema estatal. Aunque existe un acuerdo político entre ERC y PSC, y entre la Generalitat y el Gobierno central, para ponerlo en marcha, su aplicación exigiría reformas legales de calado, incluida la modificación de una ley orgánica, algo que de momento solo ERC ha planteado de manera unilateral y sin el apoyo de la coalición de Gobierno.
Los inspectores insisten en que se está construyendo un marco jurídico "sobre una ficción sin cobertura legal" y reclaman a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que aclare si contempla transferir personal de la Agencia Tributaria estatal a la catalana, que actualmente carece de medios humanos para asumir las nuevas funciones. Denuncian además el "desamparo" de los funcionarios y la falta de transparencia del Ministerio en este proceso.
El colectivo advierte también de que no existen motivos jurídicos ni económicos que avalen la duplicación de competencias ya desempeñadas por la Agencia Tributaria estatal (AEAT), lo que supondría -según afirman- un gasto innecesario de recursos y un aumento de costes y cargas administrativas. Ante esta situación, y sin poder actuar por su cuenta en los tribunales, la IHE hace un llamamiento a las comunidades autónomas para que estudien presentar recursos contra la medida, ofreciendo su apoyo técnico para fundamentar las posibles acciones legales.
Finalmente, los inspectores, que ya habían reclamado la dimisión de Montero, solicitan al Ministerio de Hacienda "explicaciones claras y compromisos firmes" para garantizar la preservación del papel de la Agencia Tributaria estatal en todo el territorio español.