(El País, 12-11-2025) | Fiscal
La Asociación Nacional de Inspectores de la Hacienda Pública Local ha alertado este martes de que la obligatoriedad de aplicar la nueva tasa de residuos en España ha generado un agujero financiero que superaría los 2.000 millones de euros en los presupuestos municipales de 2025. Las cifras recopiladas por distintas entidades privadas, difundidas por la asociación antes de su congreso anual, señalan que el coste total de la gestión de basuras asciende a 5.325 millones, mientras que los ingresos previstos por el nuevo tributo apenas llegan a 3.488 millones. Esta diferencia supone una cobertura del 65,5%, muy por debajo de la exigencia legal de que la tasa cubra la totalidad del servicio.
La obligación de la ley estatal 7/2022 ha alterado un sistema que durante años combinaba tasas e impuestos para financiar el servicio y que ahora impone que los ciudadanos asuman la totalidad del gasto. Según explica Juan Ignacio Gomar, integrante del comité de expertos de la asociación, si se cumpliera estrictamente la norma, muchos ayuntamientos tendrían que aumentar aún más las tasas para cubrir ese déficit de unos 2.000 millones.
Gomar, autor del Libro Blanco que la asociación difundirá esta semana, sostiene que la norma estatal introdujo "de manera discreta" la exigencia de imponer la tasa y que ello ha generado "incertidumbre y grandes desigualdades entre contribuyentes". Destaca que lo que se paga por este concepto varía enormemente entre municipios y advierte de que algunas tasas podrían ser anuladas en los tribunales, lo que crearía importantes desajustes presupuestarios. Si los ayuntamientos recaudan durante varios años una tasa que después se declare inválida, las consecuencias económicas podrían ser muy graves: "En pocos años podríamos ver consistorios obligados a devolver cantidades millonarias".
El impacto es especialmente elevado en municipios que nunca habían tenido una tasa de basuras, donde la aparición repentina del cobro ha provocado tensiones. En localidades que sí la tenían, en algunos casos se han producido subidas bruscas que pueden superar los 200 euros por vivienda. Gomar califica el aumento de la carga fiscal como "muy significativo", sobre todo porque los ciudadanos no perciben mejoras en el servicio. "Si antes los ayuntamientos podían financiar la recogida y tratamiento de residuos, ahora esta tasa irrita a los vecinos porque no entienden el motivo del cambio", resume.
El experto recuerda que la directiva europea obliga a trasladar a los usuarios los costes del tratamiento de residuos, pero no exige una tasa concreta ni impone que no genere déficit. Cada país puede establecer su propio mecanismo, y según él, solo España ha optado por la vía más estricta.
La incertidumbre jurídica se extiende a cada ayuntamiento, especialmente por la aplicación del principio de pago por generación, que implica que pague más quien más residuos produzca. Este criterio induce numerosos conflictos: "¿Cómo se determina cuánto genera cada vivienda o cada vecino?", cuestiona Gomar. En grandes ciudades, donde el volumen y diversidad de residuos es mucho mayor, el cálculo individual resulta especialmente complicado. Las ordenanzas locales están adoptando soluciones muy dispares, lo que abre la puerta a una avalancha de reclamaciones judiciales. Las resoluciones de los tribunales superiores autonómicos pueden ser contradictorias entre sí y el Tribunal Supremo aún no ha fijado una doctrina clara, lo que hace prever un escenario similar al de la plusvalía municipal tras la sentencia del Constitucional de 2021.
Arturo Delgado, presidente de la asociación, sostiene que esta situación es consecuencia de "muchos años de abandono en la normativa de Hacienda local". Critica que la tasa se aprobara con una regulación mínima que ha generado múltiples problemas y que la obligación de que no presente déficit ha provocado un impacto súbito en las cuentas de los ayuntamientos.
Delgado recuerda que España actuó siguiendo la recomendación de la Comisión Europea de avanzar hacia instrumentos que facilitaran los objetivos ambientales, pero considera que la imposición obligatoria de una tasa para todos los municipios se introdujo de manera precipitada, "en apenas un párrafo", sin un desarrollo normativo suficiente y dejando los aspectos técnicos en manos de cada consistorio. Según los inspectores, esto ha supuesto trasladar una carga económica significativa tanto a las administraciones locales como a los ciudadanos, generando miles de horas de trabajo técnico y previsiblemente un fuerte aumento de los litigios.
La asociación también señala otro problema que afecta a la capacidad de los ayuntamientos para aplicar correctamente esta tasa: la externalización de funciones inspectoras. Esta práctica, frecuente en muchos municipios, está empezando a ser anulada por los tribunales, algo que la asociación celebra. Delgado considera que la inspección local se ve "amenazada" cuando se sustituyen funciones que corresponden a empleados públicos por empresas privadas. Los inspectores denuncian que la colaboración con entidades privadas se ha usado para ceder tareas esenciales de la potestad tributaria, lo que puede vulnerar derechos de los contribuyentes. Aseguran que estas empresas han llegado a emitir requerimientos, iniciar procedimientos sancionadores e incluso gestionar planes reservados de inspección.