(Expansión, 10-12-2025) | Fiscal
La ampliación por un año del plazo para aplicar las obligaciones previstas en la Ley Antifraude, aprobada por el Consejo de Ministros la semana pasada como gesto hacia Junts, sigue generando un fuerte malestar entre los profesionales, empresas y autónomos afectados. En esta ocasión, las críticas provienen desde dentro del propio Ministerio de Hacienda, liderado por la vicepresidenta primera María Jesús Montero.
Ayer, la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) expresó su "preocupación" por la aprobación del Real Decreto-ley que retrasa, "sin un contraste técnico previo suficiente", la implantación del sistema Verifactu para la validación de facturas. El cambio se ha producido a pocos días de la fecha que muchas compañías tenían marcada en rojo: el próximo 1 de enero, después de que ya se hubiera ampliado seis meses el plazo original.
Según los inspectores, los mensajes reiterados del Gobierno sobre los tiempos de cumplimiento habían generado una expectativa legítima entre empresas, desarrolladores y asesores, que han invertido tiempo y dinero para adaptarse. El nuevo retraso, señalan, genera inseguridad jurídica, desincentiva el cumplimiento voluntario y puede transmitir la idea equivocada de que las obligaciones fiscales pueden modificarse por motivos ajenos a su propósito real. A su juicio, en esta decisión han pesado "consideraciones puramente políticas".
En la misma línea, Javier Hurtado, inspector adjunto en la Oficina Nacional de Control del Fraude (ONIF) y uno de los principales responsables técnicos de Verifactu, admitió días atrás haber recibido la noticia "con enorme sorpresa por parte de quienes llevamos más de cuatro años impulsando este proyecto". Aprovechó también para disculparse ante las numerosas empresas, desarrolladores y despachos que confiaron en que los plazos anunciados se respetarían.
El decreto, que recoge todas las cesiones del Gobierno a Junts para tratar de reconducir su apoyo parlamentario, se votará este jueves 11 de diciembre para su convalidación en el Congreso. Aunque la mayoría de las fuentes consultadas por EXPANSIÓN confían en que el partido de Carles Puigdemont respalde el texto -al responder este precisamente a sus demandas-, tampoco descartan que la Cámara Baja pueda rechazarlo.
Si el decreto no se convalidara, la prórroga quedaría automáticamente anulada. En ese escenario, las empresas que aún no se hayan adaptado a Verifactu tendrían únicamente unos 20 días para cumplir con los requisitos, y además en pleno periodo navideño.