(El Economista, 28-05-2026) | Fiscal
Los ayuntamientos han sufrido una importante reducción de ingresos por el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), conocido popularmente como plusvalía municipal. En 2024, último ejercicio con datos disponibles, los consistorios recaudaron 1.861 millones de euros, lo que representa una caída del 26% respecto a los niveles previos a la sentencia del Tribunal Constitucional de 2021 que anuló el sistema de cálculo del tributo.
Este impuesto grava el aumento del valor del suelo cuando se transmite un inmueble. Así, si un propietario adquirió una vivienda en 2016 y la vende en 2026, el impuesto se calcula aplicando un coeficiente sobre la revalorización experimentada por el terreno durante esos diez años. Hace cinco años, el Tribunal Constitucional invalidó el método utilizado para calcular la plusvalía municipal al considerar que vulneraba el principio de capacidad económica. El sistema obligaba a pagar el impuesto incluso en casos en los que el inmueble se vendía con pérdidas o cuando el suelo no había ganado valor. Desde aquella resolución, los ayuntamientos únicamente pueden exigir el tributo cuando exista una ganancia real en el valor del terreno entre la compra y la venta del inmueble.
La decisión judicial provocó un fuerte impacto en las cuentas municipales, ya que numerosos consistorios tuvieron que devolver cantidades cobradas indebidamente, junto con los correspondientes intereses. No obstante, el Constitucional limitó estas devoluciones a los contribuyentes que, a fecha de la sentencia -26 de octubre de 2021-, mantuvieran abiertos recursos administrativos o judiciales relacionados con el impuesto y no contaran todavía con una resolución firme.
Antes del fallo, los ayuntamientos recaudaban por este concepto 2.519 millones de euros, cifra correspondiente a 2019, último ejercicio plenamente comparable. En 2020, las operaciones inmobiliarias se redujeron por el impacto de la pandemia y en 2021 la sentencia llegó en el tramo final del año. Tras el cambio normativo, la recaudación cayó hasta 1.421 millones en 2022, para estabilizarse posteriormente en torno a los 1.856 millones en 2023 y los 1.861 millones registrados en 2024. La pérdida de ingresos supone un importante ajuste para las haciendas locales, ya que desde 2014 la recaudación de este impuesto se había mantenido siempre por encima de los 2.000 millones de euros anuales.
La plusvalía municipal ocupa actualmente el sexto lugar entre los impuestos que más recursos aportan a los ayuntamientos. Por delante se sitúan el IBI, con 14.104 millones recaudados en 2024; el IRPF, con 7.547 millones; el IVA, con 6.874 millones; el Impuesto sobre Actividades Económicas, con 2.014 millones; y el Impuesto sobre Sociedades, con 1.877 millones. Antes de la sentencia del Constitucional, este tributo ocupaba la cuarta posición en volumen de ingresos.
A esta situación se suma la falta de actualización de los coeficientes que deben aplicarse en 2026 para calcular el impuesto. La debilidad parlamentaria del Gobierno ha impedido aprobar los nuevos porcentajes, pese a que desde la sentencia de 2021 es obligatorio revisarlos anualmente mediante una norma con rango de ley. Por ahora, continúan vigentes los coeficientes aprobados para 2025, que oscilan entre el 0,10% y el 0,35%, dependiendo del tiempo durante el cual el propietario haya mantenido el inmueble antes de venderlo.
La plusvalía municipal puede calcularse a través de dos métodos: aplicando un porcentaje sobre la diferencia entre el precio de compra y el de venta del inmueble o utilizando el coeficiente sobre el valor catastral del suelo. En la mayoría de los casos, los contribuyentes optan por este segundo sistema por resultar más favorable económicamente.
El Ejecutivo trató de incorporar los nuevos coeficientes en el decreto ómnibus aprobado en diciembre, que incluía medidas como la revalorización de las pensiones. Sin embargo, la norma decayó en enero en el Congreso por falta de apoyos parlamentarios y, desde entonces, el Gobierno no ha vuelto a impulsar la actualización mediante otra iniciativa legislativa.