(El País, 27-11-2024) | Mercantil, civil y administrativo
Los hoteleros han perdido la paciencia con el Ministerio del Interior ante la falta de respuesta en su intento por suavizar o modificar el real decreto que, tras tres prórrogas, entrará en vigor el próximo 2 de diciembre. Esta normativa establece nuevas y más estrictas obligaciones de registro de viajeros tanto para hoteles como para agencias de viajes. A tan solo una semana de su implementación, la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat), que representa a 15.000 establecimientos, ha anunciado que recurrirá a los tribunales para proteger los derechos de las empresas y los viajeros debido al "silencio del Ejecutivo".
A partir de esa fecha, hoteles y agencias de viajes deberán recopilar hasta 42 datos de cada viajero, frente a los 14 que actualmente se exigen. Quienes no cumplan con esta normativa se enfrentarán a sanciones económicas que oscilan entre los 601 y los 30.000 euros, dependiendo de la gravedad de la infracción. Ramón Estalella, secretario general de Cehat, ha señalado que "la mayoría de las reservas provienen de agencias de viajes online o bancos de camas, lo que impide conocer quién está detrás de las mismas". Además, advierte que los hoteles no tienen acceso a información como el número de teléfono, el correo electrónico, la relación de parentesco entre los viajeros o el precio de la estancia. Estalella critica la falta de diálogo y voluntad negociadora del Ministerio del Interior: "Tres reuniones en tres años sin ningún avance. Ni un cambio desde 2021".
Los hoteleros están dispuestos a seguir recopilando los datos básicos que figuran en los documentos de identidad o pasaportes y trasladarlos a las fuerzas de seguridad, como han venido haciendo hasta ahora. Sin embargo, consideran que la nueva normativa genera una "inseguridad jurídica inaceptable" para un sector que aporta el 12% del PIB español y es clave para la economía nacional, según un comunicado emitido esta mañana por la patronal.
En el ámbito legal, los hoteleros preparan dos líneas de defensa principales. La primera cuestiona la aprobación de la norma mediante real decreto, ya que consideran que afecta derechos fundamentales como la privacidad, lo cual debería regularse mediante una ley orgánica tramitada en el Congreso y el Senado. "No lo han hecho así porque saben que perderían las votaciones", señala Estalella. La segunda línea de defensa se basa en una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), la C-817/19, que concluye que las medidas de tratamiento masivo de datos personales, como las que prevé el real decreto, vulneran la normativa europea de protección de datos y privacidad, incluyendo aquellos relacionados con los medios de pago.
Por otro lado, las agencias de viajes también se ven afectadas por el nuevo registro. Mercedes Tejero, gerente de la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV), aboga por excluir a las agencias de viajes de esta normativa. Argumenta que las agencias no están contempladas en la Ley Orgánica 4/2015 de Seguridad Ciudadana, de la que deriva el real decreto, y que su aplicación infringiría la normativa de protección de datos y supondría cargas excesivas y desproporcionadas para el sector.