(Expansión, 18-03-2024) | Fiscal
Las empresas españolas han comenzado a señalar el impacto positivo que la reciente sentencia del Tribunal Constitucional podría tener en sus ganancias netas. Esta sentencia, emitida en enero y que anuló un decreto de 2016, ha despertado el interés de las grandes sociedades, ya que limitaba los créditos fiscales que podían utilizar para compensar las pérdidas de años anteriores.
De acuerdo con un análisis realizado por EXPANSIÓN, las principales compañías del Ibex estiman que esta decisión judicial podría disminuir su carga fiscal en aproximadamente 1.500 millones de euros. Algunas empresas, como Telefónica, Indra, Amadeus, Cellnex, FCC, Inmobiliaria Colonial o Meliá, ya están considerando estos posibles créditos fiscales en sus balances de cierre del año 2023. Esto les permitirá aprovecharlos para reducir sus impuestos en futuros ejercicios, gracias a la resolución del Tribunal Constitucional.
Otras entidades, como IAG, Ferrovial, Sabadell, Mapfre o BBVA, han estimado los posibles ahorros fiscales, pero aún no los han incluido en sus cuentas, ya que existen incertidumbres sobre el monto final que podrán recuperar. Repsol y Naturgy también esperan beneficiarse de esta sentencia, aunque aún no han detallado el impacto con precisión. "Actualmente se está evaluando", señala el operador gasista.
Un caso destacado es el de Merlín Properties, que ha anunciado haber obtenido en febrero la aprobación de la Agencia Tributaria para una devolución de 14 millones de euros por impuestos pagados en exceso entre 2016 y 2019, en parte debido al mencionado decreto de Montoro. La empresa explica en su informe anual que el acuerdo alcanzado reconoce los efectos de la sentencia del Tribunal Constitucional, que anuló ciertos aspectos del real decreto ley 3/2016, que influyeron en la base imponible del impuesto sobre sociedades en los ejercicios 2016 a 2019.
Este precedente abre la posibilidad de que otras empresas del Ibex también recuperen impuestos pagados en exceso en los últimos siete años. Durante la gestión de Cristóbal Montoro como ministro de Hacienda, se implementó un decreto ley que limitaba los créditos fiscales por pérdidas contables y las deducciones por deterioro del valor de las participaciones que las grandes empresas podían utilizar. En enero, el Tribunal Constitucional declaró ilegal la forma en que se tomó esa decisión, aunque inicialmente solo permite la devolución del dinero a las empresas que habían impugnado sus declaraciones debido a los efectos de esa normativa.
Casi todas las empresas del Ibex afirman haber iniciado procedimientos contra sus impuestos, lo que refleja su confianza en recuperar el dinero pagado en exceso, como ha sucedido con Merlin. Ante el potencial impacto significativo en las finanzas públicas que podría tener la decisión del Tribunal Constitucional de anular las subidas en el Impuesto de Sociedades del Real Decreto-ley 3/2016, María Jesús Montero, actual Ministra de Hacienda, ha puesto en marcha una estrategia para controlar los posibles daños en varios frentes.
La anulación de la subida fiscal ya ha restringido la posibilidad de reclamar devoluciones para aquellas empresas que tenían recursos en curso en el momento del fallo. Además, Hacienda ha utilizado jurisprudencia del Tribunal Supremo para exigir que estas reclamaciones mencionen expresamente la "inconstitucionalidad" de la norma, con el objetivo de limitar las solicitudes de devolución de los últimos años. Paralelamente, el PSOE, como partido mayoritario en el Gobierno, ha reintroducido a través de una enmienda en el proyecto de ley del último paquete de medidas anticrisis las tres subidas tributarias anuladas, las cuales fueron aprobadas mediante decreto.
Este plan implica reinstaurar el límite a la compensación de bases imponibles negativas, lo que podría reducir la capacidad anual de las empresas para aprovechar los créditos fiscales recuperados; la limitación de las deducciones por doble imposición; y la obligación de revertir aquellas deducciones por deterioro de participadas. Esta decisión promete abrir un nuevo conflicto judicial.