(Expansión, 28-04-2026) | Mercantil, civil y administrativo
Coincidiendo con el primer aniversario del apagón, el foco ya no está en el incidente en sí, sino en sus consecuencias: los elevados costes que el sistema eléctrico está asumiendo para evitar que se repita un colapso como el del 28 de abril de 2025.
Diversas patronales españolas -entre ellas Aice, Anfac, Aspapel, Feique, Fiab, Sernauto y Unesid- se han sumado a Aeléc, la asociación de las eléctricas, para exigir mayor claridad sobre estos gastos, que algunas estimaciones sitúan por encima de los 3.000 millones de euros. También reclaman mecanismos que reduzcan su impacto sobre los grandes consumidores industriales.
Estas organizaciones han elaborado un documento conjunto, presentado como el Observatorio de los servicios de operación del sistema eléctrico, una iniciativa sin precedentes. Representan a compañías muy diversas, como Repsol, Moeve, BP, Seat, Citroën, Renault, Fiat, Cementos Lemona, Portland, Acerinox, ArcelorMittal o Celsa, entre muchas otras.
Todas ellas respaldan las críticas que Aeléc lleva meses dirigiendo contra Red Eléctrica (REE), empresa del grupo Redeia, a la que responsabilizan no solo del apagón como operador del sistema, sino también del incremento de costes derivado de las medidas adoptadas posteriormente para reforzar la red y prevenir nuevos fallos.
El conflicto gira en torno a dos cuestiones principales: cuál es el importe real de ese sobrecoste y quién debe asumirlo. REE sostiene que el refuerzo del sistema ha supuesto unos 660 millones de euros adicionales, cifra que recientemente avaló la presidenta de la CNMC, Cani Fernández, en el Congreso.
Sin embargo, las eléctricas y las patronales -varias de ellas integradas en la Alianza por la Competitividad de la Industria Española- elevan considerablemente esa cifra al incluir todos los costes operativos vinculados al refuerzo del sistema, no solo los directamente derivados del apagón. Según sus cálculos, en 2025 estos gastos alcanzaron los 3.500 millones de euros, mil millones más que el año anterior, y en lo que va de 2026 ya suman 1.800 millones. En conjunto, estiman que el impacto del posapagón ronda los 3.000 millones.
Actualmente, estos costes se trasladan al precio de la electricidad como un componente variable: cuanto mayor es el consumo, mayor es el coste para el usuario. Esto hace que la gran industria soporte la mayor carga. Si se tratara de un peaje fijo, el coste se repartiría entre todos los consumidores, de forma más equitativa.
Esa es precisamente la propuesta del sector industrial: no solo reclaman transparencia, sino también cambios regulatorios que permitan financiar estos costes a través de cargos fijos del sistema eléctrico, evitando así penalizar a los grandes consumidores y buscando un equilibrio entre la seguridad del suministro y la competitividad.
Por su parte, las eléctricas evitan responder directamente a las críticas sobre el aumento de costes asociado al llamado "modo reforzado", que implica mantener en funcionamiento más centrales convencionales, lo que también incrementa sus propios ingresos.
El aniversario del apagón ha provocado múltiples reacciones. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, lamentó la falta de explicaciones un año después. El Banco de España destacó la importancia del efectivo, que siguió utilizándose durante el incidente. Y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, defendió el papel de las centrales nucleares, coincidiendo con su visita a la planta de Ascó (Tarragona), como elemento clave para garantizar la estabilidad del sistema eléctrico.