(Expansión, 01-07-2026) | Fiscal
La Agencia Tributaria está inmersa en una transformación profunda de su modelo de control fiscal, orientándose hacia un sistema que prioriza el cumplimiento voluntario y la prevención antes que la inspección tradicional. Este cambio ha abierto un debate entre quienes supervisan el cumplimiento tributario y quienes asesoran a contribuyentes y empresas sobre si realmente se está avanzando hacia una relación basada en la confianza mutua.
Uno de los elementos centrales de esta nueva estrategia son las comunicaciones preventivas, mediante las cuales Hacienda alerta al contribuyente de posibles discrepancias o errores antes de iniciar una comprobación formal. Para Ana de la Herrán, presidenta de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado, todavía es pronto para extraer conclusiones definitivas, aunque sí aprecia una mayor disposición al diálogo y a resolver dudas de forma anticipada.
Desde el lado de los asesores fiscales, la valoración es más matizada. Agustín Fernández, presidente del Registro de Economistas Asesores Fiscales, reconoce que una interlocución temprana con la Administración puede ayudar a reducir conflictos y aclarar discrepancias antes de que escalen. Sin embargo, advierte de que estas herramientas deben utilizarse con prudencia y con un propósito estrictamente informativo, evitando que el contribuyente perciba estos avisos como una forma de presión o intimidación.
Un ejemplo reciente de esta nueva dinámica ha sido la campaña de avisos preventivos durante la última campaña de la renta. Hacienda envió alrededor de 130.000 comunicaciones alertando de posibles errores en declaraciones presentadas. Para muchos contribuyentes, estas notificaciones funcionan como una señal para corregir su declaración antes de enfrentarse a una futura inspección. No obstante, algunos sectores han bautizado estas cartas como "las cartas del miedo", reflejando la desconfianza que todavía persiste.
Otro de los pilares del llamado cumplimiento cooperativo es el Informe de Transparencia Fiscal. Desde la Inspección se insiste en que este documento no otorga inmunidad frente al control tributario, pero sí permite a la Administración comprender mejor la política fiscal, la estructura de gobernanza y los criterios seguidos por las empresas. Según De la Herrán, este mayor conocimiento mutuo favorece un entorno de supervisión más colaborativo y menos confrontativo.
Los asesores fiscales comparten parcialmente esa visión, al considerar que una mayor transparencia puede reducir incertidumbres y permitir que la Administración concentre sus recursos en los casos con mayores indicios de incumplimiento. Sin embargo, subrayan que la transparencia debe ser bidireccional: el contribuyente puede ofrecer más información, pero a cambio necesita mayor previsibilidad, seguridad jurídica y reglas estables por parte de Hacienda.
Las diferencias entre ambas perspectivas se hacen más visibles en la relación cotidiana entre contribuyentes y Administración. Mientras los inspectores destacan el esfuerzo interno por comprender nuevos modelos de negocio y adaptar el control a realidades económicas emergentes, muchos asesores describen una Agencia Tributaria todavía percibida como distante, rígida y excesivamente enfocada en la fiscalización.
Una de las críticas recurrentes es la práctica de solicitar, en un único requerimiento, grandes volúmenes de documentación -libros contables, facturas y justificantes- sin delimitar claramente el alcance de la comprobación. Para los fiscalistas, este enfoque genera costes innecesarios y coloca en desventaja a pequeños contribuyentes o empresas con menos recursos técnicos y jurídicos para defenderse.
Pese a sus discrepancias, ambos sectores coinciden en que el sistema tributario opera en un entorno cada vez más complejo. La economía digital, los nuevos modelos empresariales y la rápida evolución normativa plantean retos de encaje legal y operativo que exigen mayor flexibilidad.
A ello se suma la crítica a la técnica legislativa utilizada en materia fiscal. Desde el ámbito de la asesoría se cuestiona la frecuente aprobación de cambios tributarios mediante reales decretos-ley, una práctica que, según denuncian, incrementa la inseguridad jurídica y eleva los costes de cumplimiento para empresas y contribuyentes.
En definitiva, la evolución de Hacienda apunta hacia una gestión basada en el análisis de datos y la prevención, pero el éxito de este modelo dependerá de que la confianza mutua entre Administración y contribuyentes deje de ser una aspiración teórica y se convierta en una realidad práctica, equilibrada y recíproca.