(Expansión, 20-05-2026) | Fiscal
La Dirección General de Tributos (DGT) ha aclarado que la obligación de utilizar el sistema Verifactu depende del lugar de residencia fiscal de quien emite la factura y no del país en el que se encuentre el cliente. A medida que se acerca la entrada en vigor definitiva del sistema de verificación de facturas impulsado por la Agencia Tributaria, Hacienda continúa resolviendo dudas planteadas por empresarios y profesionales sobre la aplicación de la normativa.
En una reciente consulta vinculante, la DGT ha precisado que los contribuyentes del IRPF que desarrollen actividades económicas y utilicen sistemas informáticos de facturación estarán obligados a cumplir con el reglamento Verifactu aunque sus clientes estén ubicados fuera de España.
El organismo dependiente del Ministerio de Hacienda sostiene que la normativa afecta a todas las facturas emitidas mediante un sistema informático de facturación, con independencia del país del destinatario. De este modo, únicamente quedarían al margen de esta obligación quienes continúen realizando facturas manuales o manuscritas. En cambio, aquellos que empleen un software de facturación deberán aplicar Verifactu a la totalidad de sus documentos emitidos.
La implantación definitiva del sistema se aproxima después de que el Gobierno aprobara el pasado diciembre una prórroga extraordinaria de un año para adaptar los programas de facturación a las exigencias de la Ley Antifraude. Según el nuevo calendario, las empresas sujetas al Impuesto sobre Sociedades deberán disponer de un software actualizado antes del 1 de enero de 2027. En el caso de los autónomos persona física, el plazo finalizará el 1 de julio de ese mismo año.
Con esta ampliación de fechas, Hacienda ha buscado coordinar la entrada en vigor de las obligaciones derivadas de la Ley Antifraude con el despliegue progresivo de la factura electrónica obligatoria contemplada en la Ley Crea y Crece. Esta última está prevista para octubre de 2027 en las empresas con una facturación superior a ocho millones de euros anuales, mientras que para el resto podría retrasarse hasta octubre de 2028.