(El Economista, 14-10-2025) | Laboral
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, dará inicio el próximo 20 de octubre a la mesa de negociación sobre la reforma del despido. Se trata de un debate complejo y con un desenlace incierto, motivado por un hecho significativo: desde la entrada en vigor de la última reforma laboral, los despidos de empleados con contrato indefinido han aumentado un 138,4%. Entre enero y agosto se registraron 632.096 bajas de afiliación por este motivo, frente a las 262.820 del mismo periodo de 2021.
Aunque esta cifra representa un leve descenso del 2,9% respecto a las 650.900 bajas del año pasado, sigue siendo el segundo dato más alto desde que existen registros comparables (2013). Actualmente, los trabajadores indefinidos concentran el 93% de las 678.965 bajas por despido contabilizadas en lo que va de 2025, un 87% más que en el mismo periodo de 2021, mientras que los ceses de empleados temporales han descendido un 32%.
Casi la mitad de estos despidos (49%) son disciplinarios, es decir, se producen por faltas graves del trabajador y no conllevan indemnización. Sin embargo, en muchos casos esta fórmula acaba convirtiéndose en un despido improcedente tras una reclamación judicial. De hecho, solo el 0,15% de las bajas se clasifican directamente como improcedentes, ya que esta condición se reconoce únicamente tras una denuncia y posterior conciliación o sentencia.
La reforma que impulsa Díaz busca limitar este tipo de prácticas y otorgar mayor previsibilidad a las indemnizaciones. Para ello, plantea que la compensación no se calcule únicamente por antigüedad (33 días por año trabajado), sino también considerando las circunstancias personales y profesionales del afectado. Aunque aún no ha detallado el mecanismo, su propuesta toma como referencia los modelos de Francia o Alemania y se enmarca en un debate similar al que también se desarrolla en Italia.
El Gobierno, no obstante, descarta volver al sistema anterior a 2012, que fijaba una indemnización máxima de 45 días por año trabajado, así como recuperar los salarios de tramitación para los despidos improcedentes, eliminados con la reforma de ese año. Tampoco se plantea revivir el llamado "despido exprés", que permitía a las empresas reconocer la improcedencia desde el primer momento y pagar la compensación correspondiente, al tiempo que se ampliaban las causas objetivas que justifican las extinciones de contratos.
El marco laboral pasó así de un despido más costoso pero flexible a uno más económico con mayor seguridad jurídica para las empresas. Sin embargo, esta fórmula abrió la puerta a que los despidos disciplinarios se convirtieran en una vía rápida para reducir plantilla, como se evidenció en marzo de 2020, cuando la irrupción de la pandemia disparó este tipo de ceses.
En este contexto, la reforma laboral de 2021, que no modificó las condiciones de despido pero sí limitó la contratación temporal, ha tenido como consecuencia que muchos empleos antes eventuales, ahora cubiertos con contratos indefinidos, terminen en despido. A ello se suman las bajas por no superar el periodo de prueba, que no se contabilizan como despidos y no generan indemnización. Díaz ha denunciado que esta situación genera "trabajadores de usar y tirar".
Cabe destacar que los despidos disciplinarios no son los que más han crecido: aumentaron un 73%, frente al 123% registrado en los despidos por causas objetivas (económicas, técnicas u organizativas), que implican una indemnización de 20 días y que ni el Gobierno ni los sindicatos prevén modificar. Este incremento resulta especialmente llamativo en un escenario de crecimiento económico y creación de empleo.
El Ejecutivo, por su parte, reconoce la existencia de abusos pero relativiza el aumento de los despidos, atribuyéndolo al incremento de la contratación indefinida. Su razonamiento es sencillo: a mayor número de contratos fijos, más despidos. Sin embargo, esto no significa necesariamente que las probabilidades de perder el empleo sean las mismas que antes.