(El Economista, 07-05-2025) | Laboral
Durante el primer trimestre del año, las bajas en la afiliación a la Seguridad Social motivadas por despidos sumaron 249.813 casos, lo que supone una caída del 3,65% respecto al mismo periodo del año anterior. Este descenso, el primero desde que se aprobó la reforma laboral, podría interpretarse como un signo positivo, pero se ve empañado por un repunte en otras formas de desvinculación laboral más precarias. En particular, las finalizaciones de contratos temporales aumentaron un 5,5%, alcanzando los 2,2 millones, y las bajas de trabajadores fijos discontinuos inactivos crecieron un 7,7%, superando las 900.000.
Este escenario refleja un arranque de año débil en términos de creación de empleo, según la Encuesta de Población Activa (EPA), a pesar de que se registró un incremento en la contratación. Factores estacionales, como el retraso de la Semana Santa, no explican completamente una realidad en la que la inestabilidad sigue siendo uno de los principales motores del mercado laboral español, en aparente contradicción con el espíritu de la reforma laboral.
Los despidos cayeron con fuerza en los dos primeros meses del año (un 6% y un 9% menos interanual en enero y febrero), pero volvieron a subir en marzo (un 5%), lo que resulta en un balance trimestral a la baja. Sin embargo, contrasta con el hecho de que las finalizaciones de contratos temporales acumulan ya cuatro trimestres consecutivos al alza.
Este comportamiento plantea preguntas sobre el impacto real de la reforma laboral. ¿Ha asimilado el mercado laboral sus efectos tres años después? ¿Estamos ante una nueva fase de crecimiento de la temporalidad? ¿Se ha alcanzado el techo de los despidos o estamos ante un cambio de tendencia?
Uno de los fenómenos más destacados tras la reforma ha sido precisamente el crecimiento de los despidos de contratos indefinidos, que teóricamente deberían ofrecer mayor estabilidad y ser más difíciles y costosos de extinguir. Antes, solo uno de cada diez contratos firmados era indefinido; hoy son cuatro de cada diez. Como resultado, el porcentaje de asalariados fijos ha aumentado del 62,8% al 78,9% entre los afiliados al Régimen General. Este cambio ha contribuido a batir récords de afiliación, con más de 21,5 millones de personas registradas, pero no ha logrado reducir significativamente el desempleo (España sigue siendo el único país de la UE con una tasa de paro superior al 10%) ni frenar la alta rotación laboral.
Este contexto ha puesto el foco en los despidos de trabajadores indefinidos recién incorporados y en el uso extendido del periodo de prueba. El propio Gobierno reconoce que el incremento de despidos es, en parte, consecuencia del mayor volumen de contratos fijos. Sin embargo, preocupa que más de la mitad (el 54%) de estos despidos sean disciplinarios individuales, una modalidad que no requiere indemnización, aunque en la práctica se suele negociar un pago cercano al del despido improcedente (33 días por año trabajado). Este coste es asumible para contratos de corta duración, lo que convierte esta práctica en una forma de esquivar los límites impuestos a la contratación temporal.
Desde 2012, cuando se eliminó el despido exprés, esta fórmula se ha vuelto común, pero su consolidación como principal vía de despido sugiere que muchas empresas la utilizan como alternativa a los contratos temporales. Esto ha llevado a los sindicatos y al Ministerio de Trabajo a proponer una reforma del despido, con la introducción de indemnizaciones "disuasorias" superiores al actual límite legal, ajustadas al perjuicio causado al trabajador. No obstante, no se espera que esta propuesta avance durante la legislatura actual, pese a los llamamientos del Comité Europeo de Derechos Sociales y las tensiones entre el PSOE y Sumar.