(El Economista, 27-06-2024) | Laboral
El aumento de los despidos individuales desde la reforma laboral está influyendo directamente en las prestaciones por desempleo. En mayo pasado, 335.591 personas recibían esta prestación debido a despidos individuales, lo que representa un incremento del 15,6% respecto al año anterior y del 42% en comparación con el mismo mes de 2022. Aunque esta cifra solo incluye a quienes han cotizado lo suficiente para solicitar el paro, es el principal motivo del aumento del 6% en la demanda y cobro de prestaciones contributivas en el último año, a pesar de que el paro registrado ha disminuido un 4,8%.
Esta cifra es la más alta desde 2017, superando incluso los 334.423 beneficiarios registrados en mayo de 2020, durante la pandemia. En contraste, los afectados por despidos colectivos descendieron a 18.180 desde los 25.235 de un año antes, una reducción del 28%, acorde con la disminución de los EREs en los últimos meses.
Los despidos individuales se consolidan así como la principal causa de acceso a una prestación contributiva, superando a aquellos que la reciben por la "finalización de la relación de carácter temporal" (categoría que incluye contratos temporales, fijos discontinuos que pasan a la inactividad e interinos cesados). Esta tendencia, que ya se observó en mayo de 2023, se debe a la disminución de la contratación temporal y a una mayor vulnerabilidad de los empleos indefinidos ordinarios.
El 67% de los beneficiarios, 225.934 personas, habían recurrido su despido al solicitar la prestación, lo que indica que la mayoría de los despidos se declaran como disciplinarios, sin indemnización pero con derecho a prestación, obligando al trabajador a reclamar una compensación y a iniciar un proceso legal que sigue en marcha cuando comienzan a cobrar el paro. Estos despidos disciplinarios han aumentado un 17% en el último año.
Los despidos por causas objetivas ascienden a 104.114, un 13% más que en 2023. Estas dos son las únicas causas de despido individual que han aumentado. Las otras causas, como las derivadas de actos de conciliación y sentencias judiciales, se han reducido, posiblemente debido a la lentitud de los procesos legales y no a una disminución de los despidos.
También ha aumentado el número de parados que cobran la prestación por no superar el periodo de prueba, con un incremento del 8%, aunque su número es reducido: 29.866. Estos suelen ser empleos de muy corta duración que no generan derecho a paro, aunque esto también se aplica a muchos despidos.
Esto sirve para contextualizar la comparativa de los datos del SEPE con otras estadísticas que analizan los ceses, como las bajas de afiliación a la Seguridad Social o la Estadística de Despidos y su coste del Ministerio de Trabajo, que muestran cifras superiores ya que muchos ceses no dan derecho a paro. Lo mismo ocurre con los contratos temporales, que aunque generan menos prestaciones que los despidos, envían a muchas más personas al desempleo por la finalización de sus contratos.
El aumento de los despidos tiene consecuencias en el gasto en prestaciones. El número de beneficiarios del conjunto de prestaciones por desempleo ha crecido un 1,5% en el último año, impulsado por un aumento del 6% en las prestaciones contributivas, principalmente solicitadas por los despedidos. Los subsidios, que representan la mitad de las prestaciones, se han mantenido prácticamente estables con un leve incremento del 0,7%, mientras que el resto de las ayudas ha disminuido.
El impacto presupuestario depende de las cotizaciones de estos nuevos desempleados, en su mayoría con contratos indefinidos, antes de perder su empleo. Además, ha habido un notable aumento de beneficiarios de prestaciones contributivas que no están desempleados tras la reforma laboral, como los fijos discontinuos, distorsionando métricas como la tasa de cobertura de la protección por desempleo.