(Cinco Días, 23-09-2024) | Fiscal
Mientras las criptomonedas ganan terreno entre los inversores, incluso los más tradicionales, los gobiernos avanzan en la implementación de nuevas normativas para su regulación. Este martes, el Consejo de Ministros ha dado luz verde a un anteproyecto de ley que introduce cambios en las obligaciones fiscales en el mercado de las criptomonedas. La principal novedad es que el Ministerio de Hacienda podrá embargar monedas electrónicas a los contribuyentes con deudas, del mismo modo que actualmente lo hace con otros bienes y derechos situados en entidades de pago y de dinero electrónico.
Según explican fuentes del Ministerio de Hacienda, estos embargos se gestionarán de la misma forma que cualquier otro embargo previsto en la legislación vigente. "Son embargos realizados por las administraciones tributarias debido a deudas fiscales, y operan igual: se emite una diligencia de embargo y se bloquea la disposición de esos bienes hasta cubrir la cantidad adeudada", señalan.
Además, el anteproyecto prevé que las obligaciones de diligencia debida e información sobre criptomonedas que recaen sobre los proveedores de servicios afecten tanto a usuarios residentes como no residentes. El objetivo es fortalecer el intercambio de información entre países y garantizar una mayor transparencia en un sector que ha estado rodeado de controversias.
"Este será un avance significativo en el ámbito del intercambio internacional de información fiscal, reforzando los mecanismos actuales y ampliando la cantidad de datos compartidos, lo que es clave para la transparencia fiscal y la lucha contra el fraude", afirma el ministerio en un comunicado. Y añade: "Lo mismo se aplicará al suministro de información a la Administración Tributaria, mejorando tanto la asistencia al contribuyente como el control del cumplimiento de las obligaciones fiscales y la lucha contra el fraude".
El Gobierno acelera la regulación del sector cripto debido al creciente uso de estas divisas. La normativa busca dar respuesta a la "rápida evolución de los servicios bancarios y de pago, incluidos aquellos que emplean tecnologías de registro de criptoactivos".
Con este anteproyecto de ley, el Ejecutivo inicia la transposición de la directiva europea 2011/16/UE, conocida como DAC8, sobre cooperación administrativa en materia fiscal. Esta directiva, a su vez, adapta el Marco de comunicación de información sobre criptoactivos de la OCDE, conocido como Crypto-asset Reporting Framework.
La directiva europea extiende al sector de los criptoactivos las normas que exigen el intercambio de información con fines fiscales, permitiendo que Hacienda tenga acceso a los datos necesarios para que las ganancias por criptoactivos tributen como cualquier otro activo financiero. Así, los proveedores de servicios de criptoactivos estarán obligados a informar sobre las transacciones de clientes residentes en la Unión Europea, ya sean operaciones nacionales o transfronterizas, y las autoridades fiscales deberán intercambiar esta información automáticamente.
La DAC8 también impondrá la obligación de enviar información de manera automática sobre acuerdos transfronterizos que algunos estados otorgan a individuos con un patrimonio de al menos 1,5 millones de euros en inversiones o activos bajo gestión. La normativa abarca una amplia gama de criptoactivos, incluyendo las stablecoins, los tokens de dinero electrónico y los NFT. La primera comunicación de información sobre criptoactivos se realizará a las autoridades competentes a partir del 1 de enero de 2026.
Estas novedades anunciadas por Hacienda implicarán modificaciones en la Ley General Tributaria, en lo que respecta a la asistencia mutua y la recaudación, así como en otras normas fiscales, y tras un periodo de consulta pública, se enviarán a las Cortes Generales para su tramitación parlamentaria.