(El Economista, 07-01-2026) | Laboral
El Ministerio de Trabajo reanudará este miércoles las conversaciones con sindicatos y organizaciones empresariales con el objetivo de alcanzar un acuerdo sobre el incremento del Salario Mínimo Interprofesional para 2026. Así lo anunció el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, quien dejó abierta la puerta al diálogo con la patronal, aunque descartó la propuesta de la CEOE de limitar la subida al 1,5%, al considerarla insuficiente por situarse por debajo del aumento medio de los precios.
El departamento que dirige Yolanda Díaz maneja actualmente dos escenarios planteados por el comité de expertos, en función de si el salario mínimo pasa o no a tributar por el Impuesto sobre la Renta. En el supuesto de que empiece a pagar IRPF, los especialistas recomiendan un incremento más elevado, que situaría el SMI en torno a los 1.240 euros mensuales. Si, por el contrario, se mantiene la exención fiscal vigente hasta ahora, la propuesta se apoya en la evolución de la inflación y plantea una subida más moderada, que llevaría el salario mínimo hasta aproximadamente 1.221 euros.
Por el momento, Trabajo no ha concretado qué cifra defenderá en la mesa de diálogo, ya que la decisión depende de la postura definitiva del Ministerio de Hacienda. En las últimas semanas del año, el departamento que encabeza María Jesús Montero había señalado su disposición a articular una deducción en la declaración de la renta para compensar a los perceptores del SMI por las retenciones practicadas.
En la primera reunión celebrada a mediados de diciembre, en la que se expusieron las posiciones del Gobierno, los sindicatos y la patronal, la falta de una postura clara por parte de Hacienda impidió avanzar en una propuesta concreta. Según explicó Pérez Rey durante la presentación de los datos de paro y afiliación de diciembre, esa situación podría desbloquearse en el próximo encuentro.
En la actualidad, el salario mínimo se sitúa en 1.184 euros mensuales en catorce pagas, cuantía aprobada a comienzos de 2025 y que seguirá vigente hasta que el Ejecutivo establezca la nueva referencia. Aunque ya se ha producido un primer contacto con los interlocutores sociales, la fijación del SMI es una competencia exclusiva del Gobierno, por lo que el proceso suele consistir en consultas previas más que en una negociación formal, con un habitual entendimiento entre Trabajo y los sindicatos.
En esta ocasión, las organizaciones sindicales plantearon una propuesta distinta a la recogida en el informe del comité asesor, del que también forman parte. Aunque utilizaron inicialmente la misma metodología que en ejercicios anteriores, los debates internos llevaron a introducir ajustes en el enfoque, lo que provocó discrepancias con el resultado final del informe. Los sindicatos pretendían trasladar esta discusión al diálogo con el Gobierno, una posibilidad que Trabajo ha rechazado al basar su posición en el documento elaborado por los expertos.
La opción de una subida del 3,1% se sitúa por encima de la planteada inicialmente por los sindicatos y facilitaría un acuerdo si finalmente se mantiene la exención del IRPF para el SMI. Comisiones Obreras ya mostró disposición a aceptar este escenario tras el primer encuentro, mientras que UGT se ha inclinado por un incremento mayor, cercano al 4,7%, incluso si ello implica que el salario mínimo comience a tributar. Desde el sindicato argumentan que, a medida que el SMI ha aumentado, también lo ha hecho el número de trabajadores que lo perciben, lo que hace difícil sostener indefinidamente la excepción fiscal.