(La Vanguardia, 14-10-2026) | Mercantil, civil y administrativo
Tres organizaciones de defensa de los consumidores financieros han advertido al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y al gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, de que el proyecto de euro digital impulsado por la Unión Europea no contempla, por ahora, un sistema de protección frente al fraude equiparable al de otros medios de pago privados.
La Federación de Consumidores y Usuarios (CECU), la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin) y la organización europea de consumidores BEUC han alertado del riesgo de que un diseño inadecuado de esta nueva forma de dinero público deje a los usuarios sin garantías suficientes de reembolso en caso de fraude. Las entidades consideran que, si no se incorpora esta protección, el euro digital podría quedar limitado principalmente a los pagos entre particulares y tener dificultades para extenderse a las operaciones comerciales. Las asociaciones también han trasladado sus preocupaciones al ministro de Consumo, Pablo Bustinduy.
La advertencia se produce en una fase decisiva de las negociaciones entre el Parlamento Europeo, la Comisión y el Consejo para definir las características de la nueva moneda. Según las organizaciones, el proyecto no incluye un mecanismo de devolución del dinero en caso de fraude comparable al que ofrecen las tarjetas de crédito y otros sistemas privados, lo que supondría un nivel de protección inferior para los consumidores.
Las asociaciones cuestionan especialmente la posición del Consejo Europeo, ya que consideran que traslada a los usuarios una parte excesiva de las pérdidas derivadas de operaciones fraudulentas o de conflictos con terceros, como sucede al comprar por internet. Según datos de la Autoridad Bancaria Europea (EBA) y del Banco Central Europeo (BCE) citados por las entidades, los consumidores soportan actualmente alrededor del 35% de las pérdidas por fraude en los pagos con tarjeta.
En el caso del euro digital, la aplicación de las normas de la Directiva de Servicios de Pago dejaría fuera determinadas reclamaciones comerciales relacionadas con productos defectuosos, pedidos que nunca llegan a su destino o fraudes vinculados a las compras. A juicio de las organizaciones, esta limitación reduciría la utilidad práctica de la nueva moneda y podría dificultar que los ciudadanos la adoptaran como alternativa habitual para sus transacciones.
Las entidades también alertan de un posible perjuicio para la imagen del proyecto europeo si los usuarios perciben que el euro digital ofrece menos garantías que los sistemas de pago ya existentes. Esta situación podría debilitar su capacidad para competir con redes internacionales como Visa y Mastercard, precisamente cuando las instituciones comunitarias y el BCE defienden la necesidad de desarrollar una infraestructura de pagos propia que refuerce la autonomía financiera de Europa.
La posibilidad de establecer un mecanismo de reembolso constituye uno de los principales puntos de discusión en la configuración de la moneda digital. El Parlamento Europeo ya ha planteado en el artículo 27 del reglamento del euro digital una protección de los usuarios equiparable a la que ofrecen los sistemas internacionales de tarjetas. Las asociaciones reclaman que esta garantía se incorpore al diseño definitivo para asegurar que la nueva forma de dinero público resulte competitiva y genere confianza entre los consumidores.