(El Economista, 01-09-2026) | Laboral
El sistema de cotización de los trabajadores autónomos afronta un nuevo escenario de incertidumbre después de que su despliegue haya quedado paralizado este año por la congelación de las cuotas. La reforma, aprobada durante la pasada legislatura e impulsada por el entonces ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, planteaba que los autónomos fueran ajustando progresivamente sus aportaciones para cotizar en función de sus ingresos reales.
La normativa estableció un periodo máximo de nueve años para completar la implantación del nuevo modelo, con revisiones cada tres años, aunque también permitía al Gobierno adelantar el calendario. La primera revisión estaba prevista para finales de 2025, pero las diferencias surgidas en la mesa de diálogo social impidieron alcanzar un acuerdo sobre las nuevas cuotas. Desde entonces, las negociaciones no se han reactivado.
Así, los autónomos afrontan el último tramo de 2026 sin conocer todavía cuál será la cuantía de sus cotizaciones a la Seguridad Social durante el próximo año. El Ministerio que dirige Elma Saiz ha manifestado en varias ocasiones su intención de retomar las conversaciones y continuar con el proceso previsto en la reforma, mediante incrementos graduales que eviten concentrar un ajuste mayor en los primeros años de la próxima década.
El principal obstáculo es que estas pretensiones cuentan con oposición tanto entre los agentes sociales como en el Congreso. ATA, organización integrada en CEOE, mantiene desde hace meses su negativa a revisar las cuotas mientras no se solucionen varias disfunciones detectadas en el sistema y que afectan a determinados colectivos de autónomos. Junts ha asumido también estas reivindicaciones y ha condicionado su respaldo a algunas iniciativas del Gobierno a que se dé respuesta a estos problemas.
La primera propuesta del Ejecutivo sobre la actualización de las cuotas llegó a la mesa de negociación a comienzos de octubre de 2025, con la participación de las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme y de los sindicatos CCOO y UGT. Las conversaciones se rompieron apenas unas semanas después. Ante la falta de acuerdo, Seguridad Social decidió en diciembre prorrogar las cuotas vigentes y planteó la posibilidad de aplicar posteriormente una subida durante 2026, algo que finalmente tampoco se ha producido.
La ruptura de la dinámica de negociación que permitió alcanzar el acuerdo de 2022 genera ahora dudas sobre el siguiente paso. Los interlocutores sociales no tienen claro si las conversaciones se limitarán a establecer las bases y cuotas correspondientes a 2027 o si se intentará alcanzar un acuerdo plurianual, siguiendo el modelo pactado hace cuatro años.
Mientras ATA apuesta por retrasar la convocatoria de la mesa, UPTA, vinculada a UGT, considera necesario reabrir cuanto antes las negociaciones y abordar las cuestiones pendientes. Su presidente, Eduardo Abad, defiende además que las cuotas deberían incrementarse varios puntos por encima de la inflación para reducir la diferencia existente entre las pensiones de los autónomos y las de los trabajadores asalariados.
Entre las reivindicaciones que comparten las principales organizaciones del colectivo se encuentra la reforma de la prestación por cese de actividad. El actual sistema exige numerosos requisitos y, según las asociaciones, alrededor de la mitad de las solicitudes terminan siendo rechazadas. El Gobierno se comprometió a modificar este mecanismo, aunque todavía no ha materializado la reforma.
ATA, UPTA y UATAE también reclaman que los autónomos puedan acceder al subsidio para mayores de 52 años, una posibilidad que tanto el Ministerio de Trabajo como el de Seguridad Social han descartado. Otra de las demandas se refiere a las bajas por incapacidad temporal: las organizaciones plantean una modificación legal que permita exonerar al autónomo del pago de sus cuotas mientras permanezca de baja.
Pese a la congelación de las cuotas, las cotizaciones de los autónomos han aportado 6.275 millones de euros a las arcas de la Seguridad Social hasta junio, según los últimos datos de ejecución presupuestaria. Esta cantidad supone casi un 10% más que en el mismo periodo del año anterior y se explica, entre otros factores, por el máximo histórico de trabajadores por cuenta propia, que alcanza los 3,4 millones. El crecimiento ha estado especialmente impulsado por la incorporación de trabajadores extranjeros y, dentro de este grupo, por el aumento de las mujeres autónomas.
Otra posible causa del incremento de la recaudación es la modificación de las bases aplicables a los autónomos societarios y colaboradores. En abril se estableció que su base de cotización de referencia debía equipararse a la correspondiente al grupo VII del Régimen General, lo que suponía elevarla técnicamente un 42%, desde los 1.000 euros de 2025 hasta los 1.424 euros.
No obstante, Seguridad Social aclaró que esta subida no implicaba que los afectados tuvieran que modificar automáticamente su base durante 2026. Los autónomos de este colectivo podían mantener una base inferior durante el ejercicio, aunque en la regularización correspondiente a 2026 deberán haber abonado la cuota que corresponda a la base establecida o asumir entonces la diferencia pendiente.
El Ejecutivo justificó esta modificación en el acuerdo alcanzado en 2022, que contemplaba incrementos progresivos de las bases durante 2024 y 2025 y establecía que, desde 2026, la base de estos autónomos no podría situarse por debajo de la correspondiente al Régimen General. Seguridad Social argumentó que la ausencia de Presupuestos Generales del Estado había impedido realizar las actualizaciones progresivas inicialmente previstas, pero que ese obstáculo ya no afectaba a 2026 y que el acuerdo obligaba a avanzar hacia la equiparación con los asalariados.
La decisión provocó el rechazo de las principales asociaciones de autónomos y también de varios grupos parlamentarios. Junts llegó a advertir al Gobierno de que sus siete diputados respaldarían las iniciativas relacionadas con los intereses de los autónomos, dejando así en el aire el apoyo parlamentario a otras medidas del Ejecutivo.