(Expansión, 27-03-2026) | Fiscal
El Congreso de los Diputados ha dado luz verde, con el respaldo del PSOE, a una proposición no de ley impulsada por Junts que plantea la creación de un sistema de IVA franquiciado para autónomos con ingresos inferiores a 85.000 euros anuales. No obstante, aún no se ha concretado cuándo comenzará a aplicarse.
La iniciativa insta al Gobierno a permitir que estos trabajadores por cuenta propia queden exentos de incluir el IVA en sus facturas y de ingresarlo a Hacienda. Aunque este tipo de propuestas no tiene carácter obligatorio, el apoyo socialista sugiere que la medida podría materializarse, alineando a España con una práctica ya extendida en el resto de países de la Unión Europea.
Junts utilizó esta propuesta como condición para respaldar el decreto anticrisis del Ejecutivo. Hasta ahora, el Ministerio de Hacienda, dirigido por María Jesús Montero, había rechazado reiteradamente implantar esta exención, incluso en el caso de autónomos y pymes con actividad en otros países comunitarios, lo que ha provocado fricciones con la Comisión Europea y podría derivar en sanciones.
Será el próximo titular de Hacienda quien deba encargarse de desarrollar y aprobar este sistema, una reivindicación histórica del colectivo. Desde la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), su presidente, Lorenzo Amor, valoró positivamente el avance, aunque criticó que haya sido necesario llegar a este punto por la presión política. Por ahora no existe un calendario definido para su puesta en marcha, aunque todo apunta a que el Ministerio tendrá que avanzar en esta dirección en los próximos meses.
Este régimen de IVA franquiciado forma parte de una directiva europea destinada a simplificar las obligaciones fiscales de autónomos y pequeñas empresas con menor volumen de negocio. Permite a los Estados miembros establecer un umbral -de hasta 100.000 euros- por debajo del cual estos profesionales pueden quedar exentos del impuesto. En España, la propuesta fija ese límite en 85.000 euros, una cifra que busca acercarse a los modelos de otros países europeos como Francia, Irlanda o Italia, aunque cada uno establece condiciones distintas.
Eso sí, quienes opten por este sistema no podrán deducirse el IVA de sus gastos, lo que puede hacer que algunos autónomos -especialmente aquellos con costes elevados- prefieran mantenerse en el régimen general. Según cálculos de ATA, unos 770.000 autónomos podrían beneficiarse de esta medida. Si todos ellos se acogieran, el ahorro en costes administrativos y tiempo superaría los 500 millones de euros. Sin embargo, el impacto en las cuentas públicas podría rondar los 650 millones, lo que explica en parte las reticencias del Gobierno.
Desde el Ministerio de Hacienda también se ha argumentado que el sistema fiscal español ya cuenta con regímenes especiales y que la normativa europea no obliga a aplicar esta exención en operaciones dentro del propio país.