(El Periódico, 19-12-2025) | Laboral
La carga administrativa se ha transformado en una especie de "segundo empleo" para los autónomos. Así lo denuncia la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), que calcula que los más de 3,4 millones de trabajadores por cuenta propia que hay en España dedican de media unas 200 horas al año a trámites, gestiones y obligaciones ante las distintas administraciones. En la práctica, esto equivale a perder casi un mes completo de trabajo únicamente en papeleo, al margen de su actividad profesional habitual.
El impacto no es solo en tiempo, sino también en dinero. Según las estimaciones de ATA, esas 200 horas, valoradas en unos 15 euros la hora, representan un coste anual de alrededor de 3.000 euros por autónomo. En conjunto, el esfuerzo administrativo supone cerca de 10.000 millones de euros y más de 650 millones de horas empleadas en cumplimentar modelos, atender notificaciones y presentar declaraciones.
El problema, subraya la organización, no reside únicamente en la cantidad de trámites, sino en la percepción de que las exigencias aumentan año tras año. "La burocracia está asfixiando al colectivo. Desde hace tiempo se habla de simplificar y reducir cargas administrativas, pero esa promesa nunca termina de materializarse", afirma Lorenzo Amor, presidente de ATA.
De acuerdo con el último barómetro elaborado por la federación, el 90% de los autónomos considera que las trabas administrativas se han incrementado en el último año. En un colectivo que ya soporta jornadas muy extensas -con una media de 47 horas semanales, según ATA-, el tiempo dedicado al papeleo repercute directamente en el descanso y en la conciliación personal y familiar.
La situación se agrava aún más para quienes tienen trabajadores a su cargo. Cerca de un millón de autónomos, según la asociación, deben afrontar no solo sus propias obligaciones, sino también las derivadas de ser empleadores: contratos, cotizaciones, prevención de riesgos, comunicaciones a la administración y un mayor número de controles.
A esta presión se suma la inseguridad normativa. Un ejemplo reciente es la adaptación de los programas de facturación al sistema Verifactu. La Agencia Tributaria ha vuelto a modificar los plazos y fija ahora la obligación en 2027: el 1 de enero para quienes tributan por el Impuesto sobre Sociedades y el 1 de julio para el resto. Mientras tanto, la implantación de la factura electrónica obligatoria entre empresas y profesionales continúa pendiente de desarrollo reglamentario, aunque Hacienda mantiene la idea de aplicarla de forma progresiva una vez se apruebe.
Por otro lado, la Seguridad Social ha afianzado el sistema de cotización por ingresos reales, con revisiones automáticas y comunicaciones telemáticas. Un modelo más digital, sí, pero que también implica más plataformas, más avisos y más fechas que controlar. Ante este panorama, ATA reclama un "cambio radical" para que la Administración deje de ser una carga y se convierta en un apoyo real para el autónomo. El mensaje es claro: menos tiempo dedicado a trámites y más tiempo para generar ingresos.