(El Economista, 08-09-2025) | Laboral
Las cuatro prórrogas presupuestarias que España acumula desde 2018, año en que Pedro Sánchez asumió la presidencia del Gobierno, no han frenado el incremento de las ayudas públicas destinadas a los sindicatos. Lejos de estancarse, estas partidas han pasado de los 8,9 millones de euros de entonces a los 32 millones previstos para 2025, lo que supone casi cuadruplicar la cifra. El mayor aumento se ha registrado precisamente entre 2024 y 2025, pese a que los Presupuestos de 2023 se mantenían prorrogados por segunda vez consecutiva.
El despegue comenzó en 2021, cuando se destinaron 13,8 millones, y continuó en 2022 con 17 millones. En diciembre de 2024, el Ejecutivo decidió duplicar la dotación y elevarla hasta los 32 millones, en un contexto de negociaciones complicadas lideradas por el Ministerio de Trabajo, cuyo principal respaldo procedía de las centrales sindicales.
Según el Ministerio para la Transformación Digital y la Función Pública, estas ayudas se conceden para respaldar "las actividades desarrolladas por las organizaciones sindicales con el fin de garantizar un marco que permita ejercer de manera efectiva la negociación colectiva". Por su parte, el Ministerio de Trabajo justifica la financiación en funciones como la mediación en conflictos laborales, la negociación colectiva y el fomento del diálogo social.
Estas subvenciones suponen entre el 15% y el 17% de los ingresos globales de los sindicatos en España. Trabajo defiende el incremento como una actualización necesaria frente al IPC: desde 2008 este índice se ha elevado un 34%, mientras que las ayudas solo crecieron un 7,6%. Además, recuerda que las funciones de las organizaciones sindicales se han ampliado tanto en el ámbito nacional como en el internacional.
Pese a ello, nunca antes se había producido un incremento tan abultado, y menos aún en un contexto de presupuestos prorrogados. El aumento aprobado para 2025 es el mayor en décadas, con una variación interanual del 88,2%. Como en otras ocasiones, se cubrirá mediante modificaciones de crédito, dado que las cuentas públicas no han sido renovadas. Al tratarse de una partida consolidada en ejercicios anteriores, se recurre a un suplemento de crédito que amplía la dotación inicial.
Los principales beneficiarios de estas ayudas son Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT), los sindicatos con mayor representatividad según las elecciones sindicales y con presencia en prácticamente todos los sectores y comunidades autónomas. Les sigue la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF), mientras que entre las organizaciones de ámbito autonómico destacan la Confederación Intersindical Galega (CIG) y ELA en el País Vasco.
Durante los cinco años en los que Yolanda Díaz ha dirigido el Ministerio de Trabajo, el respaldo a las grandes centrales, especialmente CCOO y UGT, se ha intensificado. Varias reformas de gran calado -como la subida del salario mínimo, la reducción de la jornada laboral, la modificación del subsidio de desempleo o el aumento de cotizaciones en la segunda fase de la reforma de pensiones- se han acordado con ellas, sin el apoyo de las patronales. La vicepresidenta segunda del Gobierno considera a estos sindicatos piezas clave en la arquitectura social y política del país, lo que se refleja en las ayudas concedidas.
En comparación, durante los años de José Luis Rodríguez Zapatero también se registraron aumentos notables, especialmente entre 2005 y 2006, cuando las subvenciones pasaron de 11,2 a 15,2 millones. No obstante, el salto actual es mucho más pronunciado. Cabe recordar que en aquel momento la economía española atravesaba un periodo de bonanza, con un crecimiento del PIB cercano al 4%, y los Presupuestos Generales estaban plenamente en vigor, gracias al respaldo parlamentario que el Gobierno socialista recibía de los partidos nacionalistas.