(Cinco Días, 20-11-2026) | Fiscal
El ahorro fiscal que genera la reducción del IRPF por el alquiler de viviendas se concentra mayoritariamente en los propietarios con mayores ingresos. El 10% de los arrendadores más ricos acumula el 73% del beneficio tributario, mientras que la mitad con menor capacidad económica apenas recibe el 1% de esta ventaja fiscal, reservada a los inmuebles destinados a constituir la residencia habitual de los inquilinos.
Así lo recoge un estudio elaborado por Alfonso García, Francisco García-Rodríguez y Dmitry Petrov, investigadores de la Universidad de Alcalá, a partir de los microdatos fiscales del Panel de Hogares de 2023, que combina información de las declaraciones del IRPF y del Catastro. Según sus estimaciones, esta reducción supuso para Hacienda una pérdida de recaudación de 1.133 millones de euros durante ese ejercicio. De esa cantidad, 826,5 millones beneficiaron al 10% de los propietarios con mayores ingresos, teniendo en cuenta el conjunto de sus rentas procedentes de salarios, inversiones, alquileres y otras actividades.
La concentración es todavía mayor si se analizan los tramos superiores de renta. El 5% de los arrendadores con mayor capacidad económica recibió 629 millones de euros, el 55% del ahorro fiscal total, mientras que el 1% más rico concentró 267,8 millones, cerca de una cuarta parte. En cambio, los propietarios situados en la mitad inferior de la distribución de ingresos apenas se beneficiaron de 11 millones de euros.
Los investigadores atribuyen este desequilibrio a dos factores. Por una parte, las personas con rentas más elevadas tienen mayor presencia en el mercado del alquiler y suelen obtener mayores ingresos de sus propiedades, ya sea porque disponen de varios inmuebles o porque arriendan viviendas de mayor valor. Por otra, el carácter progresivo del IRPF hace que la reducción fiscal tenga un impacto económico superior para quienes soportan tipos impositivos más elevados. De hecho, aunque el 10% de los contribuyentes con mayores ingresos representa el 37% de los arrendadores, concentra casi tres cuartas partes del ahorro tributario.
El estudio también analiza cómo se distribuyen los ingresos procedentes del alquiler entre la población. Aproximadamente 2,9 millones de personas, equivalentes al 8,5% de los mayores de edad, declaran rendimientos por arrendamientos. Aunque hay propietarios en todos los niveles de renta, su presencia aumenta conforme se asciende en la escala de ingresos.
Para realizar esta clasificación, los investigadores dividen a la población en cien grupos del mismo tamaño, ordenados desde el 1% con menos ingresos hasta el 1% con mayor capacidad económica. Los resultados muestran que entre el 40% de la población con rentas más bajas solo el 2,6% obtiene ingresos inmobiliarios. La proporción aumenta hasta el 14,3% entre quienes se sitúan en los percentiles 80 y 90, alcanza el 25% en el tramo comprendido entre los percentiles 90 y 95 y llega al 42,5% entre el 1% más rico. No obstante, el 63% de los arrendadores pertenece al 90% de la población con menores ingresos y únicamente el 5% se encuentra en el grupo de mayor renta.
Las diferencias también se reflejan en los importes percibidos y en la composición de los inmuebles alquilados. Entre el 40% de la población con menores ingresos, los propietarios que declaran rendimientos inmobiliarios ingresan una media de 363 euros mensuales, de los que 344 euros proceden de viviendas destinadas a residencia habitual. En el caso del 1% con mayores rentas, los ingresos medios por alquiler ascienden a 2.400 euros al mes, aunque solo 1.793 euros corresponden a viviendas habituales. El resto procede de otros activos inmobiliarios, como locales comerciales o viviendas turísticas. Para este cálculo, los investigadores excluyen los trasteros y garajes de menos de 25 metros cuadrados.
A partir de estos resultados, el estudio plantea la necesidad de analizar a quién benefician realmente los incentivos fiscales vinculados al arrendamiento de viviendas y cuál es su impacto sobre los ingresos públicos. En 2023, año utilizado como referencia, la reducción general aplicable a los rendimientos netos del alquiler de vivienda habitual era del 60%. Sin embargo, tras la entrada en vigor de la Ley de Vivienda en 2024, este porcentaje pasó al 50% con carácter general y se establecieron reducciones superiores, de hasta el 90%, para determinados supuestos, como los alquileres con rebajas de precio en zonas tensionadas o los contratos dirigidos a jóvenes que cumplen las condiciones previstas.
Posteriormente, el último decreto de vivienda aprobado por la Diputación Permanente del Congreso ha contemplado elevar la reducción hasta el 100% en determinadas circunstancias. Estos cambios modifican el alcance del incentivo fiscal, aunque los datos del estudio ponen de manifiesto que, en el ejercicio analizado, la mayor parte del ahorro generado por esta medida se concentró en los propietarios con mayores niveles de renta.