(El País, 21-07-2025) | Laboral
El incremento de las incapacidades temporales (IT) está generando un impacto negativo tanto en las finanzas públicas como en el tejido empresarial privado. Este auge de las bajas médicas ha alimentado también el crecimiento del absentismo laboral, un fenómeno que, según la CEOE, podría suponer este año un coste de 32.800 millones de euros. De esta cifra, las empresas deberán asumir aproximadamente la mitad: unos 16.000 millones.
Paralelamente al crecimiento de las IT, se está registrando un aumento similar en las incapacidades permanentes, cuyas implicaciones económicas también generan preocupación. Según datos del Ministerio de Seguridad Social, entre enero de 2024 y junio de 2025, el número de pensiones por incapacidad permanente creció un 8,45%, pasando de 945.530 a 1.025.446 beneficiarios.
Desde el Ministerio que lidera Elma Saiz se explica que una de las causas de esta subida está relacionada con una modificación normativa con efectos meramente estadísticos. En concreto, se trata del cambio implementado en abril del año pasado, que elevó la edad para que las pensiones por incapacidad permanente se transformen en pensiones de jubilación, de los 65 años anteriores a los 66 años y seis meses actuales. Esto ha provocado que se incremente el número de personas que permanecen más tiempo en esta categoría, ampliando así el volumen mensual de pensiones, algo también influido por el envejecimiento progresivo de la población.
Las cifras reflejan cómo este ajuste ha modificado de forma notable los registros. Mientras entre 2015 y 2023 el número de estas pensiones rondaba las 950.000, en 2024 la media se situó cerca del millón. De hecho, en ese periodo se pasó de 945.976 a 995.503 pensiones, lo que representa un aumento del 5%. Desde abril de 2024, el número de beneficiarios ha crecido a razón de aproximadamente un punto porcentual cada dos meses, alcanzando en junio una subida interanual del 6,7%.
A pesar de este incremento, fuentes del Ministerio insisten en que no hay un mayor gasto asociado, ya que se trata solo de una cuestión de clasificación administrativa: no hay más personas nuevas, sino que quienes ya estaban permanecen más tiempo en el sistema. Desde CCOO, Mariano Sanz, secretario confederal de Salud Laboral, apunta otra posible causa: el desbloqueo de expedientes pendientes en los tribunales de valoración tras los retrasos provocados por la pandemia. Según él, una mayor dotación de recursos podría haber agilizado estos procesos. También destaca que desde la Seguridad Social se está trabajando en unificar criterios para mejorar la gestión.
Sanz subraya además el aumento de casos con patologías de larga duración, con bajas que superan el año. Este plazo es crucial, ya que es entonces cuando se evalúa si corresponde conceder una incapacidad permanente, momento en el que la prestación pasa a ser cubierta por la Seguridad Social y no por las mutuas.
Por su parte, Patricia Ruiz, secretaria confederal de Salud Laboral de UGT, duda de que una simple modificación normativa pueda explicar por sí sola un repunte tan marcado. Según afirma, aunque hay más procesos abiertos, se están concediendo menos incapacidades permanentes.
Ante este panorama, por primera vez el Ministerio de Trabajo mostró disposición a intervenir en el problema de las bajas laborales. Durante las negociaciones con la patronal para la reducción de jornada, propuso implantar sistemas de control del absentismo en las empresas. No obstante, al romperse el acuerdo, la iniciativa quedó en suspenso.
Simultáneamente, el Ministerio de Seguridad Social aprobó una normativa que amplía el número de profesiones que pueden beneficiarse de coeficientes reductores para anticipar la jubilación sin penalización, especialmente aquellas consideradas de alta exigencia física o condiciones laborales difíciles, que son también las más afectadas por las bajas.
Además, en mayo de 2025, el Ministerio de Trabajo reformó el Estatuto de los Trabajadores para eliminar la extinción automática del contrato en casos de reconocimiento de incapacidad permanente, ya sea total, absoluta o de gran invalidez. Con esta nueva regulación, es el trabajador quien decide si quiere finalizar su contrato o continuar trabajando, siempre que sea posible adaptar su puesto o reasignarlo sin que implique un coste desproporcionado para la empresa.