(El Economista, 31-01-2025) | Laboral
El Consejo de Ministros dará luz verde el próximo martes a la tramitación urgente del anteproyecto de ley que reducirá la jornada laboral a 37,5 horas semanales en promedio anual. Con esta aprobación, comenzará el proceso para hacer efectivo el acuerdo alcanzado con los sindicatos a finales del año pasado, al cual la patronal se opone firmemente. En este contexto, la atención se centra en Junts, cuyo respaldo será clave para la aprobación de la medida en el Congreso de los Diputados. Durante las negociaciones previas, los representantes empresariales aseguraron que Carles Puigdemont les había garantizado su rechazo a esta iniciativa impulsada por Yolanda Díaz, aunque recientes movimientos del partido han generado incertidumbre entre las organizaciones empresariales consultadas por elEconomista.es.
Los empresarios consideran que la postura de Junts es "imprevisible" y ven cada vez más probable que sus siete diputados apoyen la reforma a cambio de concesiones, como ayudas específicas para pequeñas y medianas empresas, que serían las más afectadas por la reducción de la jornada. También se baraja la posibilidad de excepciones en el registro horario para compañías con plantillas reducidas. Esta negociación podría vincularse a los próximos Presupuestos Generales del Estado, dado que, pese a su carácter urgente, el proceso legislativo podría extenderse hasta después del verano.
Desde el Ministerio de Trabajo han iniciado contactos con los distintos grupos parlamentarios para evaluar los apoyos, aunque aún no han abordado directamente con Junts la negociación de la reducción de la jornada en el marco del pacto alcanzado para salvar el decreto ómnibus. A pesar de la presión ejercida por la patronal tanto en público como en privado, el Gobierno se muestra optimista sobre la viabilidad de la medida, especialmente después de que el PNV se mostrara abierto a respaldarla.
Las fuentes empresariales consultadas no han detectado cambios en la postura de Junts, pero advierten que los recientes acuerdos del partido con el Ejecutivo parecen responder a estrategias políticas más que a un interés por favorecer a los empresarios. Esto lleva a pensar que las posibles contrapartidas que exija el partido catalán podrían no estar directamente relacionadas con la reforma laboral, como ocurrió recientemente con su propuesta sobre la cuestión de confianza.
Ante esta incertidumbre, la CEOE y las patronales sectoriales y territoriales, en especial las catalanas Foment del Treball y Pimec, planean intensificar sus esfuerzos para influir en los grupos nacionalistas con posiciones más cercanas a sus intereses. Hace un año, tanto Junts como el PNV apoyaron la apertura del debate parlamentario sobre la reducción de la jornada, aunque el diputado Josep María Cervera advirtió entonces que el respaldo de su partido no estaba garantizado. Por su parte, los nacionalistas vascos instaron a que la medida se tramitara mediante un proyecto de ley que permitiera trabajar en ajustes para minimizar su impacto en las pymes.
El Gobierno confía en que los incentivos ofrecidos a las patronales en la negociación de la reducción a 37,5 horas semanales ayuden a facilitar los apoyos. Entre estas medidas, el Ministerio de Trabajo propuso ayudas directas de hasta 6.000 euros para microempresas y bonificaciones para la contratación de nuevos empleados que suplieran las horas reducidas. También planteó un plan de acompañamiento para que las pymes mejoraran su productividad con la nueva jornada, aunque esta propuesta no convenció a los negociadores.
Los sindicatos, que ya contaban con estos incentivos, no comparten algunos aspectos de la propuesta por temor a que desincentiven la negociación colectiva, pero se muestran optimistas sobre el apoyo de Junts. De hecho, en diciembre, Pepe Álvarez (UGT) se reunió con Puigdemont y aseguró haber percibido un cambio de actitud en el político catalán, aunque fuentes parlamentarias sostienen que el partido aún no ha definido su postura.
Según los plazos previstos, el anteproyecto de ley podría recibir el visto bueno del Consejo de Ministros en tres semanas, lo que permitiría su llegada al Congreso a finales de febrero o principios de marzo. A partir de ese momento, los grupos parlamentarios mostrarán sus posiciones en el debate de enmiendas a la totalidad, y Yolanda Díaz buscará su aprobación definitiva antes del 31 de diciembre, fecha límite fijada en el acuerdo sindical.