(El Economista, 18-11-2026) | Laboral
La capacidad de los servicios públicos de empleo para facilitar la incorporación al mercado laboral continúa perdiendo eficacia. En octubre de 2026, solo 7,28 de cada 1.000 demandantes inscritos consiguieron un puesto de trabajo a través de una oferta gestionada por estas oficinas. La cifra supone un retroceso del 16,2% respecto al mismo mes del año anterior y se sitúa un 52,6% por debajo del nivel registrado en 2007, antes de la crisis financiera.
La intermediación directa no es el único instrumento para evaluar el funcionamiento de las políticas activas de empleo, cuya gestión corresponde a las comunidades autónomas, salvo en Ceuta y Melilla. También forman parte de ellas los programas de formación y orientación laboral. Sin embargo, el número de colocaciones conseguidas mediante ofertas tramitadas por las oficinas constituye uno de los indicadores más visibles de su eficacia, tanto para los trabajadores como para las empresas. La evolución histórica de los datos del SEPE muestra un deterioro prolongado.
En octubre de 2007, 15,36 de cada 1.000 demandantes encontraban empleo a través de esta vía. La crisis económica redujo la proporción hasta 4,32 en 2012, mientras que la posterior recuperación permitió elevarla a 8,36 en 2019 y a 8,62 en 2022, una vez aprobada la reforma laboral. En febrero de 2023 entró en vigor una nueva Ley de Empleo, concebida para mejorar la eficacia de las políticas activas y ampliar los servicios garantizados a las personas que buscan trabajo. Sin embargo, la tasa de colocación descendió hasta 7,87 en octubre de ese año.
El pasado ejercicio se alcanzaron 8,69 colocaciones por cada 1.000 demandantes, el mejor resultado para ese mes desde 2009. No obstante, en octubre de 2026 el indicador ha vuelto a retroceder hasta 7,28, con 30.635 personas contratadas a través de las oficinas frente a 4,21 millones de inscritos. Aunque el deterioro se concentra especialmente en septiembre y octubre, la tasa media de los últimos doce meses apenas ha disminuido un 1,2%.
Una de las circunstancias que condicionan estos resultados es el cambio en la contratación provocado por la reforma laboral, que restringió el uso de los contratos temporales y favoreció su sustitución por fijos discontinuos. Esta modalidad ha pasado de registrar una media de 21.903 contratos mensuales en 2019 a 184.869 en los últimos doce meses, lo que supone multiplicar su volumen por 8,4.
La diferencia radica en que los trabajadores fijos discontinuos se reincorporan a sus puestos mediante un llamamiento de la empresa, sin necesidad de formalizar un nuevo contrato ni tramitar una oferta a través de los servicios públicos de empleo. Por este motivo, desde mayo de 2022 el SEPE contabiliza más colocaciones que contratos registrados, con una diferencia media de 388.437 al mes durante el último año. Estas reincorporaciones no pasan por las oficinas de empleo y, por tanto, no se contabilizan como intermediación directa.
Este fenómeno influye en las estadísticas por dos motivos. El primero es el aumento de las personas inscritas que mantienen una relación laboral. Se trata de demandantes que tienen un contrato vigente y, por tanto, no figuran como desempleados. En 2007 eran 102.631 y en 2019 alcanzaban los 239.701, el 5,4% del registro. En septiembre de 2026 sumaban ya 802.580, el 19,1% del total.
Este colectivo explica casi 700.000 de los 1,19 millones de inscritos adicionales respecto a antes de la crisis financiera, frente a un incremento de 362.142 personas desempleadas. Entre ellos figuran numerosos trabajadores fijos discontinuos que permanecen inscritos mientras esperan ser llamados para reincorporarse, aunque las estadísticas del SEPE no permiten identificar cuántos pertenecen a esta modalidad ni cuántos buscan simultáneamente otro empleo.
Su presencia distorsiona a la baja la tasa general de colocación, puesto que el indicador se calcula sobre el conjunto de demandantes inscritos, incluidos quienes ya tienen una relación laboral, mientras que las colocaciones se contabilizan por separado. Si se excluye a estas personas, la evolución resulta diferente. En octubre de 2025, las oficinas consiguieron 36.227 colocaciones, prácticamente las mismas que en 2019, cuando fueron 36.848. Sin embargo, el número de inscritos sin relación laboral había descendido de 4,17 a 3,43 millones.
Al calcular las colocaciones únicamente sobre este último grupo, la tasa alcanzó 10,57 por cada 1.000 demandantes en octubre de 2025 y se sitúa ahora en 8,99. Este resultado es un 1,7% superior al de 2019. No obstante, no significa que las oficinas estén encontrando trabajo a más personas, ya que las estadísticas no permiten determinar si quienes consiguen una colocación tenían previamente otro empleo. En cualquier caso, el descenso registrado en octubre de 2026 también se mantiene cuando se excluye a los inscritos con relación laboral: la tasa cae un 14,9% respecto al mismo mes del año anterior.
El segundo efecto de la reforma laboral se aprecia en la reducción de las ofertas que llegan a los servicios públicos de empleo. Algunas campañas agrícolas que anteriormente recurrían a la contratación de temporeros a través de estas oficinas se cubren ahora mediante llamamientos a trabajadores fijos discontinuos. En el conjunto del país, la proporción de vacantes agrarias cubiertas ha pasado del 98% en 2019 al 61,4% en los últimos doce meses. En Andalucía, los puestos del campo cubiertos mediante esta intermediación han descendido de 750 a 254 mensuales, una caída del 66,1%.
A estas dificultades se añade la falta de desarrollo reglamentario de una de las principales obligaciones recogidas en la Ley de Empleo de 2023. La norma estableció que las empresas debían comunicar sus vacantes a los servicios públicos, una medida que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) reclamaba desde 2019, cuando ya calificaba de marginal el papel de estas oficinas en el ajuste entre la oferta y la demanda laboral.
Sin embargo, el Gobierno todavía no ha aprobado el reglamento necesario para aplicar esta obligación y la legislación tampoco contempla sanciones por incumplirla. En la práctica, informar de las vacantes continúa siendo voluntario, por lo que las empresas recurren a las oficinas cuando consideran que pueden resultarles útiles y prescinden de ellas cuando encuentran otros canales de contratación más eficaces.
El resultado es que el volumen de ofertas comunicadas se ha reducido considerablemente. En octubre se registraron 46.867 vacantes, un 49% menos que en el mismo mes de 2007, pese a que el número de demandantes inscritos ha aumentado un 39,5%. Actualmente se ofrecen 11,1 puestos por cada 1.000 inscritos, frente a los 30,5 de hace casi dos décadas. Si el cálculo se realiza únicamente sobre las personas desempleadas, la proporción también ha disminuido, desde las 45,6 vacantes por cada 1.000 parados en 2007 hasta las 19,7 actuales.
La caída de las ofertas también explica parte del retroceso de los dos últimos meses. Las vacantes comunicadas disminuyeron un 11% en septiembre y un 12,9% en octubre respecto a los mismos meses de 2025, aunque los datos disponibles no permiten determinar las causas de esta reducción.
Las ofertas procedentes de los programas públicos de empleo constituyen una excepción, ya que las administraciones están obligadas a utilizar los servicios públicos para seleccionar a sus trabajadores. En los últimos doce meses, el sector público cubrió el 93,2% de los puestos que comunicó, mientras que en el resto de actividades la proporción se situó en el 61,5%, frente al promedio del 71% registrado en 2019.
Por último, la Ley de Empleo contempla la creación de una tasa oficial de intermediación que permita medir cuántas personas encuentran trabajo gracias a los servicios públicos. Su desarrollo reglamentario está previsto para el primer trimestre de 2027. Hasta que se apruebe, España seguirá sin disponer de un indicador oficial que permita evaluar con precisión la eficacia de las oficinas en la búsqueda de empleo.