(El Economista, 07-10-2026) | Fiscal
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes dos nuevos decretos con medidas destinadas a facilitar el acceso a la vivienda, similares a los que fueron rechazados por el Congreso el pasado viernes. El paquete incluye incentivos fiscales tanto para propietarios como para inquilinos, que deberán ser convalidados por la Diputación Permanente tras el adelanto electoral y la disolución de las Cortes.
Entre las medidas planteadas figura la ampliación de los beneficios fiscales para los propietarios que destinen sus viviendas al alquiler residencial y cumplan determinados requisitos relacionados con el precio y la duración de los contratos. En algunos casos, la reducción aplicable sobre los rendimientos obtenidos por el alquiler podrá llegar al 100%.
El Gobierno pretende con estos incentivos aumentar la oferta disponible en el mercado del alquiler y favorecer que los propietarios mantengan sus viviendas arrendadas a precios considerados asequibles. Las ventajas fiscales serán especialmente elevadas cuando los inmuebles se incorporen a programas de vivienda social o asequible, cuando se reduzca la renta respecto a determinados niveles o cuando se hayan realizado obras de rehabilitación.
Para los arrendatarios, el Ejecutivo propone crear una nueva deducción estatal en el IRPF que permitirá desgravar hasta el 10% de las cantidades destinadas al alquiler de la vivienda habitual. La medida se dirige a contribuyentes con ingresos de hasta aproximadamente 33.000 euros anuales y contempla distintos porcentajes de deducción en función del nivel de renta. Según las estimaciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, un hogar que pague 800 euros mensuales de alquiler podría obtener un ahorro fiscal cercano a los 1.000 euros al año.
El paquete también incorpora medidas para reforzar la estabilidad de los contratos de alquiler. Los arrendamientos que cumplan los requisitos establecidos podrán acogerse a una prórroga extraordinaria de hasta dos años. Además, se fijan nuevas condiciones para determinados supuestos en los que los propietarios pretendan no renovar los contratos una vez alcanzado el periodo previsto.