(El País, 04-06-2026) | Laboral
El aumento de las bajas laborales desde la pandemia y el elevado coste que generan tanto para las empresas como para el sistema público se ha convertido en una preocupación creciente para el Gobierno, la patronal y los sindicatos. Con el objetivo de intentar contener esta situación -que afecta cada año a entre el 30% y el 50% de los trabajadores y supone un gasto superior a los 30.000 millones de euros para la Seguridad Social y las compañías- el Ejecutivo abrió hace meses una mesa de diálogo social para negociar medidas orientadas a mejorar la gestión de las incapacidades temporales y reducir su impacto. Sin embargo, tras numerosas reuniones durante el último año, las conversaciones se encuentran prácticamente bloqueadas.
Los sindicatos mantienen la expectativa de que el Gobierno impulse algunas de las mejoras mediante un real decreto. Mientras tanto, el Ejecutivo trata de atraer a la patronal a un posible acuerdo, aunque las organizaciones empresariales consideran que las propuestas planteadas hasta ahora son insuficientes y no están dispuestas a respaldar un pacto que califican de poco ambicioso. Según sostienen, las iniciativas actualmente sobre la mesa no servirán para resolver un problema que consideran estructural.
Desde que el Gobierno presentó en octubre un primer borrador articulado, la negociación ha ido perdiendo intensidad. Con el paso de los meses, además, se han ido descartando las medidas que podían tener un mayor alcance, especialmente aquellas relacionadas con el papel de las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social y el refuerzo del control de las bajas por parte del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).
El primer gran frenazo llegó en marzo, cuando los sindicatos decidieron suspender temporalmente las conversaciones hasta que el Ejecutivo resolviera dos cuestiones pendientes derivadas del anterior acuerdo sobre pensiones. Ante esta situación, la Seguridad Social se comprometió a elaborar un real decreto que incluyera una de esas demandas -la regulación de la jubilación parcial del personal laboral de las Administraciones públicas- junto con algunas medidas para mejorar la gestión de las bajas. Sin embargo, el texto aún no ha sido aprobado. Según distintas fuentes, una de las razones es que el Gobierno busca el respaldo de la patronal para facilitar su posterior tramitación parlamentaria, especialmente después de que el PP anunciara en otras ocasiones su rechazo a iniciativas laborales sin consenso social.
Entre las medidas que previsiblemente incorporará el futuro decreto figura la creación de una prestación específica para pacientes oncológicos, con mejores condiciones desde el inicio del proceso y la posibilidad de reincorporación parcial al trabajo tras el alta médica, siempre que exista acuerdo entre el médico y el paciente. Otra de las novedades permitiría que los médicos de atención primaria pudieran conceder la baja únicamente para una actividad concreta en casos de trabajadores con varios empleos o actividades profesionales. Además, se prevé ampliar el acceso a la pensión de viudedad para parejas no registradas oficialmente como parejas de hecho, siempre que tengan hijos en común y acrediten convivencia.
La exclusión de las reformas más controvertidas relacionadas con las mutuas o con el control de las incapacidades temporales facilita el apoyo sindical al decreto, pero provoca el rechazo de la patronal. Los empresarios consideran que las medidas planteadas son demasiado limitadas y que no ayudarán a reducir el aumento de las bajas laborales si no se incorporan cambios más profundos.
Desde CEOE sostienen además que el respaldo empresarial no debería ser imprescindible, ya que buena parte de las medidas relativas a la gestión de las bajas podrían aprobarse por otras vías normativas sin necesidad de recurrir a un decreto ley sometido a votación parlamentaria. Por ello, han pedido al Gobierno que saque adelante estas iniciativas mediante otros mecanismos para evitar verse obligados a respaldar públicamente un paquete que consideran insuficiente.
Mientras tanto, las negociaciones continúan aunque con una actividad mucho menor. La mesa tripartita, que llegó a reunirse semanalmente, lleva cerca de un mes sin convocarse. Pese a ello, desde la Seguridad Social aseguran que el decreto terminará aprobándose, aunque sin precisar plazos.
Paralelamente, el Gobierno está impulsando algunas actuaciones que no requieren cambios legislativos ni acuerdos con los agentes sociales. Entre ellas destaca la reciente instrucción enviada por el INSS a través de CEOE para recordar a las empresas que deben completar obligatoriamente la información relativa al puesto de trabajo y las funciones del empleado cada vez que reciben un parte de baja médica. El objetivo es facilitar a los médicos una mejor valoración sobre la capacidad real del trabajador para desempeñar sus tareas.
La Seguridad Social también trabaja en un convenio con los servicios públicos de salud de las comunidades autónomas para que los médicos de la sanidad pública puedan consultar datos laborales relevantes de los trabajadores en situación de incapacidad temporal. El acuerdo ya ha sido firmado por varias comunidades y continúa tramitándose en el resto.
Además, el INSS ha iniciado la revisión del Manual de tiempos óptimos de incapacidad temporal, una guía técnica utilizada por los médicos de atención primaria para orientar el seguimiento y control de las bajas médicas y cuya última actualización se realizó en 2017. En este contexto, los interlocutores sociales asumen que a corto plazo no habrá una reforma profunda de la gestión de las bajas laborales debido a la complejidad política y social del momento. Sin embargo, ninguna de las partes descarta retomar las negociaciones más adelante.
La patronal lamenta especialmente que hayan quedado fuera de la negociación algunas de sus principales demandas, como que el INSS asuma el control de los trabajadores que acumulan varias bajas en un mismo año. Esta propuesta también fue planteada por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), que calculó que el 25% de los trabajadores concentra el 55% de los procesos de incapacidad temporal.
Tampoco prosperarán por ahora otras reivindicaciones históricas de los empresarios, como permitir que los médicos de las mutuas concedan altas médicas, que la Seguridad Social asuma el coste salarial y de cotizaciones de los trabajadores durante parte de la baja o que el sistema público cubra las cotizaciones sociales de los procesos de larga duración.
Por su parte, los sindicatos también han renunciado temporalmente a algunas de sus principales reclamaciones, entre ellas la de convertir completamente en pública la gestión y dirección de las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social, que actualmente mantienen una estructura privada aunque desempeñan funciones públicas.