(El País, 18-09-2025) | Laboral
El reglamento que regula el fondo de compensación para las víctimas del amianto entra en vigor este jueves, con un retraso de casi tres años respecto al plazo fijado por la ley que lo creó. Sin embargo, para los secretarios generales de CC OO, Unai Sordo, y de UGT, Pepe Álvarez, esta medida llega "tarde y es claramente insuficiente". Los líderes sindicales critican que los procesos de reclamación, que podrán iniciarse a partir de ahora, dejarán fuera a la mayoría de los damnificados y que las cuantías previstas son muy inferiores a las reconocidas habitualmente por los tribunales, que suelen triplicar -como mínimo- las cifras que contempla el Estado.
El reglamento, dependiente del Ministerio de Seguridad Social y elaborado sin consensuarlo con los sindicatos ni con los colectivos de afectados, limita el acceso al fondo únicamente a trabajadores vivos a los que se les haya reconocido una incapacidad permanente provocada por la exposición al amianto. Según datos del Instituto Nacional de la Seguridad Social, este grupo no alcanzaría las 700 personas. Así lo ha recordado Jon García, portavoz de las asociaciones de afectados, que junto a Sordo y Álvarez ha denunciado públicamente las carencias del nuevo marco legal y ha exigido su modificación.
El fondo cuenta con una partida inicial de 25 millones de euros, pero excluye a los herederos de las miles de víctimas ya fallecidas a lo largo de las últimas décadas, pese a que -como recordó Sordo- las autoridades conocen desde los años setenta los efectos letales del amianto. También quedan fuera los familiares que contrajeron enfermedades por contacto indirecto en su entorno cotidiano, los llamados afectados medioambientales. Los sindicatos insisten en que en España "todavía se convive con el amianto".
En cuanto a las compensaciones, García detalló que se establecen 96.626 euros para casos de mesotelioma, 64.414 para cáncer de pulmón, 44.310 para cáncer de laringe y 32.207 para asbestosis. Unas cifras muy alejadas de las que suelen fijar los tribunales, donde las indemnizaciones rondan el triple. Ejemplos de ello son los 347.587 euros concedidos a la familia de un extrabajador de BSH en Estella (Navarra), fallecido por cáncer de pulmón, o los casi 315.000 euros para la familia de un exempleado de Babcock Wilcox en Bilbao, víctima de mesotelioma pleural.
Las diferencias son aún más notorias si se comparan con Francia, donde las indemnizaciones no solo triplican las españolas, sino que además cubren más diagnósticos, como la asbestosis leve o las placas pleurales. Allí, las compensaciones han alcanzado más de 7.000 millones de euros en los últimos años, frente a los 25 millones previstos en España, que además no se acumulan de un ejercicio a otro si no se reparten.
Las asociaciones de víctimas también cuestionan la falta de claridad del Gobierno sobre la fiscalidad de las ayudas: si no quedan exentas, las cantidades se reducirán a la mitad. Solo Navarra y el País Vasco han confirmado que no gravarán estas indemnizaciones, lo que podría generar una desigualdad con el resto del país. García también denunció un trato discriminatorio frente a otros colectivos, como las víctimas del terrorismo (500.000 euros de indemnización), los afectados por sida tras transfusiones (126.000 euros) o los perjudicados por la talidomida (396.000 euros).
A estas críticas se suma la complejidad administrativa impuesta por la Seguridad Social. Según UGT, el Gobierno actúa con un "temor infundado" a una avalancha de reclamaciones. Entre otras trabas, se exige a las comunidades autónomas la creación de comisiones de evaluación para certificar las enfermedades profesionales, requisito indispensable para solicitar la ayuda ante la Seguridad Social. Pero, hasta la fecha, ninguna de estas comisiones se ha constituido, lo que puede provocar que los 25 millones asignados para este año queden sin ejecutar.
Ante esta situación, CC OO y UGT han colocado la reforma del reglamento entre sus prioridades en las negociaciones con el Ejecutivo y, en particular, con el Ministerio de Seguridad Social. Sordo ha insistido en que urge modificar el texto "para evitar desigualdades entre los solicitantes" y ha vinculado esta batalla con otra de mayor calado: la revisión del sistema de reconocimiento de enfermedades profesionales. "En España, solo el 0,1% de las enfermedades laborales reconocidas son cánceres, frente al 32% en Alemania. No se explica solo por la industrialización", recalcó el dirigente sindical.