(El Economista, 13-04-2026) | Laboral
Tras la crisis inflacionaria provocada por la invasión rusa de Ucrania en 2022, las relaciones entre empresas y trabajadores se desarrollaron en un entorno relativamente estable, favorecido por el acuerdo alcanzado entre CEOE, Cepyme, CCOO y UGT, que contemplaba incrementos salariales de al menos el 3% anual. Sin embargo, la expiración de este pacto -conocido como AENC- ha dado paso a un aumento notable de la conflictividad laboral, reflejado en el fuerte incremento de las convocatorias de huelga.
En los tres primeros meses del año se han registrado 29 avisos de huelga ante el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA), lo que supone cuadruplicar las cifras del mismo periodo de 2025, cuando se contabilizaron solo siete, es decir, un crecimiento del 300%. Además, el número de trabajadores afectados también ha aumentado, alcanzando los 152.543, un 30% más, en gran parte debido a las dificultades en la negociación de los convenios colectivos.
Durante los últimos años, tanto sindicatos como empresarios habían destacado el papel de este acuerdo marco nacional, que servía como guía para las negociaciones en distintos sectores y territorios, contribuyendo a mantener la estabilidad en el ámbito privado. No obstante, el primer trimestre de 2026 ha transcurrido sin avances para su renovación.
Las tensiones se han trasladado a las mesas de negociación. Según los datos disponibles hasta el 23 de marzo, los principales motivos de conflicto son las discrepancias en la negociación, los incumplimientos normativos y las cuestiones salariales.
En el caso de huelgas de ámbito estatal, es obligatorio solicitar previamente una mediación en el SIMA, organismo creado por patronal y sindicatos para resolver conflictos fuera de los tribunales. En este proceso, los representantes de los trabajadores exponen los motivos de la protesta e intentan alcanzar un acuerdo en un plazo de 72 horas. Si no hay consenso, pueden formalizar la convocatoria de huelga.
Este bloqueo también se refleja en el descenso de convenios colectivos registrados. Aunque los primeros meses del año suelen ser menos representativos, en febrero solo se habían firmado 28 acuerdos, frente a los 36 del año anterior y los 42 de 2024 en las mismas fechas, lo que evidencia una desaceleración en la negociación colectiva.
Desde la patronal se apunta a la propuesta del Gobierno de reducir la jornada laboral a 37,5 horas como uno de los factores que ha complicado el diálogo. Esta iniciativa, impulsada por Yolanda Díaz con el respaldo de los sindicatos, fue interpretada por las organizaciones empresariales como una ruptura del consenso previo, ya que este asunto no formaba parte del acuerdo anterior.
Por su parte, CCOO y UGT presentaron en enero sus propuestas para un nuevo acuerdo hasta 2028, aunque denuncian no haber recibido respuesta. Tanto fuentes empresariales como sindicales reconocen que ha habido contactos informales, aunque los avances se han visto frenados por diferencias de fondo.
Desde el ámbito sindical se considera que la patronal mantiene una postura de rechazo generalizado, con un componente político, y se da por hecho que la negociación formal se retrasará hasta la segunda mitad del año. A ello se suma la incertidumbre generada por el conflicto en Irán, que vuelve a poner en duda la evolución de los precios y complica la definición de futuras subidas salariales.
Recientemente, la organización empresarial liderada por Antonio Garamendi ha mantenido reuniones internas para valorar la posibilidad de retomar las negociaciones en un contexto económico y político complejo. Aun así, algunas fuentes consideran que existe margen para alcanzar un nuevo acuerdo que no solo aborde los salarios, sino también otros ámbitos, como ya ocurrió con el firmado en 2023.
El anterior AENC, que expiró en diciembre, sirvió de base para avances en el diálogo social, como la implantación de protocolos LGTBI o el uso de mutuas para gestionar bajas comunes. De cara al futuro, tanto sindicatos como empresarios aspiran a ampliar este marco. En particular, las organizaciones sindicales quieren incluir cuestiones relacionadas con la transformación digital y ecológica, así como reforzar el control sobre el uso de la inteligencia artificial en el entorno laboral.